La oposición bonaerense concentró sus reclamos por el campo en tres temas: el deterioro de los caminos rurales, el destino de las tasas municipales y la inseguridad.
El movimiento más reciente fue impulsado por el senador de La Libertad Avanza Gonzalo Cabezas, quien presentó dos pedidos de informes sobre la situación de la Cuarta sección electoral. Uno apunta a conocer con qué recursos cuentan los Comandos de Prevención Rural; el otro reclama detalles sobre el dinero recaudado para mantener los caminos y las obras realizadas durante el primer semestre de 2026.
Los expedientes se suman a las propuestas de los diputados Silvina Vaccarezza, de UCR+Cambio Federal, y Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica. Mientras la legisladora reclama fiscalías especializadas en delitos rurales, Bugallo propone cambiar el sistema de administración de la red vial y dar participación directa a los productores en el control de los fondos.
La discusión encuentra respaldo en un relevamiento de la UADE, Aapresid, CREA y la Sociedad Rural Argentina. Según el estudio, el 79% de los productores consultados en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado calificó los caminos como malos o muy malos. Además, el 68% aseguró haber sufrido pérdidas económicas por demoras o imposibilidad de sacar la producción.
Seguridad rural bajo la lupa
El primer pedido de informes del senador libertario busca determinar cuántos efectivos prestan servicio en los Comandos de Prevención Rural de los municipios pertenecientes a la Cuarta sección. La solicitud contempla la cantidad de cargos asignados, cubiertos y vacantes en cada dependencia. También exige precisar cuántos vehículos están disponibles y distinguir entre aquellos que permanecen operativos y los que se encuentran fuera de servicio.
Cabezas pidió, además, información sobre las denuncias registradas durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. El requerimiento incluye hechos de abigeato, faena clandestina y robo de maquinaria, herramientas e insumos agropecuarios, discriminados por municipio y modalidad delictiva, siempre que la difusión de esos datos no perjudique investigaciones en curso.
“La seguridad constituye una de las funciones esenciales del Estado”, sostuvo el senador. En los fundamentos advirtió que las grandes distancias, la dispersión de la población y las dificultades de acceso obligan a contar con una planificación diferente de la utilizada en los centros urbanos.
El expediente también consulta por los operativos preventivos desplegados durante los últimos tres años y por el funcionamiento del programa Tranqueras Seguras, diseñado para georreferenciar establecimientos y reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia. La intención es conocer cuántos campos fueron incorporados al sistema y qué municipios de la región tienen efectivamente operativa esa herramienta.
El planteo libertario no se limita a solicitar estadísticas criminales. También reclama información sobre el presupuesto, los recursos materiales y la tecnología destinada a los Comandos de Prevención Rural durante 2025 y 2026.
Cabezas quiere saber si se incorporaron nuevos agentes, móviles o equipamiento y cuáles son las medidas previstas por el Ministerio de Seguridad, conducido por Javier Alonso, para reforzar la prevención y la investigación de los delitos cometidos en el campo.
La inquietud no es nueva. En distintas regiones productivas se multiplicaron las denuncias por robo y faena ilegal de animales, junto con cuestionamientos por la cantidad y el estado de los patrulleros.
La circulación clandestina de carne y ganado ya había provocado reclamos por los controles sobre las rutas bonaerenses. Las críticas apuntaban a la falta de puestos permanentes y a la necesidad de coordinar a la Policía Rural, los municipios, el Senasa y los organismos encargados de verificar la documentación sanitaria y el traslado de hacienda.
Vaccarezza insiste con fiscalías para el campo
La diputada radical Silvina Vaccarezza impulsa una respuesta diferente: crear unidades fiscales especializadas en delitos rurales dentro de los departamentos judiciales bonaerenses.
La legisladora renovó el reclamo después de que un productor de Coronel Mom, localidad perteneciente al partido de Alberti, denunciara el robo de al menos 18 cerdos en distintos episodios. “No se puede normalizar que a un productor le entren una y otra vez a robarle animales y nadie dé respuestas. El delito rural avanza porque falta decisión, presencia y acción”, cuestionó.
El proyecto busca que las investigaciones sean conducidas por equipos que conozcan las particularidades del abigeato, la faena clandestina, la sustracción de maquinaria y la comercialización ilegal de productos agropecuarios. La especialización permitiría también conectar episodios ocurridos en diferentes distritos y detectar organizaciones que actúan por encima de los límites municipales.
La iniciativa forma parte de una agenda más extensa desarrollada por Vaccarezza. La diputada explicó que también propuso crear un mapa provincial del delito de abigeato, destinado a identificar las zonas con hechos reiterados y determinar si detrás de los robos operan bandas organizadas.
Vaccarezza también viene reclamando capacitación para los agentes, mejores recursos para los comandos rurales y un Observatorio Permanente de Caminos Rurales. Su agenda incluye más de veinte iniciativas vinculadas con seguridad, infraestructura, impuestos, fitosanitarios, turismo y economías regionales.
El otro pedido de informes presentado por Cabezas se concentra en los recursos utilizados para conservar, reparar y mantener la red vial rural. El senador solicita conocer cuánto recaudaron los municipios mediante las tasas específicas y qué porcentaje fue efectivamente utilizado durante el primer semestre de 2026. También requiere el detalle de los trabajos realizados, los kilómetros intervenidos, la maquinaria afectada y la planificación para los próximos meses.
“La transparencia en el uso de los recursos públicos beneficia tanto al contribuyente como al Estado”, argumentó. Para el legislador, quienes pagan una tasa destinada a los caminos deben poder comprobar cuánto se recaudó y qué contraprestación recibieron.
La respuesta provincial: planificación y convenios
Frente a los reclamos, la Provincia puso en marcha un Plan Director de Caminos Rurales que busca reemplazar las intervenciones aisladas por una planificación integral.
La red bonaerense supera los 120.000 kilómetros y cerca del 90% corresponde a trazas de tierra. La estrategia contempla relevamientos georreferenciados, estudios de suelo y análisis hidrológicos para decidir qué sectores necesitan mantenimiento, alcantarillas, puentes, vados u obras de mayor escala.
Los primeros convenios fueron firmados con ocho municipios de distintos signos políticos: Tapalqué, Chascomús, Ayacucho, Laprida, 9 de Julio, Bolívar, General Guido e Hipólito Yrigoyen. Chascomús funciona como caso piloto y el esquema cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, definió el objetivo como el paso de una lógica fragmentada hacia otra basada en criterios técnicos y coordinación municipal. Según datos oficiales, desde 2020 fueron intervenidos más de 5.500 kilómetros.
El punto todavía abierto es si ese plan podrá alcanzar la velocidad y la escala que reclama el sector. Las lluvias, la extensión de la red y el tránsito de maquinaria pesada aceleran el desgaste, mientras los municipios enfrentan mayores costos para sostener sus equipos.
(Grupo La Provincia)
