Luego de la reestructuración del personal en la residencia presidencial de Olivos, se conoció que la ex subsecretaria de Planificación General María Belén Agudiez, una funcionaria del círculo de extrema confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tuvo un llamativo incremento en sus ahorros.
Luego de casi tres años en la gestión pública, multiplicó por 98 su patrimonio personal, de acuerdo a lo que se desprende de sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La ex funcionaria ingresó a la administración pública con un patrimonio de apenas $43.000 (distribuidos en $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo).
Dos años más tarde, en el balance de su declaración jurada correspondiente al cierre de 2025, Agudiez informó activos por $4.500.000, lo que representa un salto patrimonial de casi el 9.766%.
De acuerdo al desglose de su última presentación, la ex colaboradora de «El Jefe» declaró contar con $3,5 millones en dinero en efectivo, sumado a tenencias en fondos comunes de inversión (como Mercado Fondo y SBS), plataformas PSP y una caja de ahorro en dólares.
En el rubro de ingresos y gastos, consignó haber recibido $37,6 millones durante el período anual, frente a gastos personales por $36 millones.
La salida de la ex subsecretaria se encuadra en la llamada «razia» que el Ejecutivo llevó a cabo en la Quinta de Olivos, donde unos 12 empleados civiles fueron apartados alegando «razones de seguridad» y sospechas de filtración de información.
Entre los cesanteados figuró el ex administrador de la residencia presidencial, Osvaldo Sosa, quien está casado con Analía Agudiez, hermana de la funcionaria desplazada.
El escándalo escaló tras la intervención de la diputada nacional Marcela Pagano, quien reflotó una denuncia penal sobre un presunto esquema de corrupción con compras públicas de la Secretaría General de la Presidencia.
Según la legisladora, licitaciones destinadas a la adquisición de toneladas de cortes de carne premium y alimentos para Balcarce 50 y Olivos eran desviadas para abastecer a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering regenteado por el matrimonio Sosa-Agudiez.
El caso continúa bajo la lupa administrativa y judicial, mientras en los pasillos de Balcarce 50 buscan cerrar filas y aplacar el impacto político que salpica al núcleo duro del entorno presidencial.
Agencia NA
