La Corte Suprema vuelve a moverse sobre un terreno que ella misma convirtió en un campo minado. Apenas una semana después de haber dejado sin efecto la medida judicial que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, los jueces del máximo tribunal se preparan para intervenir nuevamente en el conflicto, esta vez con una integración ampliada y en medio de diferencias internas que amenazan con quebrar la unanimidad de la semana pasada.
La urgencia no es casual: mientras crecen los cuestionamientos a la decisión de los supremos, la oposición se organiza para intentar rechazar el próximo jueves 15, en la Cámara de Diputados, la totalidad del DNU 70/2023 de Javier Milei. Una jugada que podría transformar una controversia judicial sobre la propiedad de la tierra en una derrota política de dimensiones mucho mayores para la Casa Rosada.
Los tiempos de la Justicia y los de la política comenzaron a correr en paralelo. Este miércoles, la Corte decidió abreviar de 72 a apenas 24 horas el plazo para que las partes puedan recusar a los dos conjueces sorteados para intervenir en un nuevo expediente relacionado con la Ley de Tierras. La resolución invocó las “particulares circunstancias de la causa” y habilitó incluso días y horas inhábiles. Una aceleración poco habitual para un tribunal que no suele caracterizarse por la velocidad de sus decisiones, pero que ahora parece decidido a pronunciarse antes de que la disputa termine de trasladarse al Congreso.
El movimiento expone, además, una fractura entre los tres integrantes de la Corte. Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti estarían dispuestos a avanzar hacia una nueva intervención que podría restablecer, al menos provisoriamente, las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Carlos Rosenkrantz, en cambio, se resistiría a modificar el escenario que dejó planteado la sentencia anterior. Así lo describen fuentes al tanto de las conversaciones internas del tribunal. Como los tres ministros no consiguieron ponerse de acuerdo y una Corte de tres necesita unanimidad para resolver, debieron recurrir al sorteo de dos conjueces: Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.
Una aclaración que abrió otra interna
La nueva controversia llega después de una semana particularmente incómoda para el máximo tribunal. El martes pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti habían revocado una decisión de la Cámara Federal de La Plata que impedía aplicar el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Milei derogó la Ley 26.737. Aquella norma establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Con la cautelar levantada, esas restricciones dejaron de operar, aunque permanecen vigentes las regulaciones específicas para las zonas de seguridad de frontera.
La Corte no declaró constitucional la derogación de la ley ni se pronunció sobre su contenido. Su decisión se apoyó en un argumento procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había promovido la demanda invocando la defensa de la soberanía nacional, carecía de legitimación suficiente para impulsar ese reclamo judicial. Sin embargo, el efecto práctico de la sentencia fue inmediato y abrió una discusión que rápidamente excedió los límites del expediente.
La reacción obligó a la Corte a ensayar una explicación pública. Dos días después de la sentencia, el tribunal difundió un documento en “lenguaje claro” destinado a precisar los alcances de su intervención. Allí sostuvo que no había resuelto la cuestión de fondo, que su pronunciamiento se limitaba a examinar la legitimación de los demandantes y que la decisión no afectaba otras medidas cautelares ni impedía la presentación de nuevos planteos judiciales.
Pero la aclaración también dejó al descubierto las diferencias dentro del Palacio de Tribunales. Según pudo saber elDiarioAR, Rosenkrantz no habría participado de la redacción del documento ni habría consentido su difusión. Aunque los tres jueces habían firmado la sentencia original, no existía el mismo consenso respecto de la necesidad de salir a explicar públicamente sus consecuencias.
La explicación llegó cuando la decisión ya había provocado una reacción que difícilmente pudiera neutralizarse con un comunicado. En la Casa Rosada, el pronunciamiento había sido recibido con sorpresa. El Gobierno celebraba la posibilidad de eliminar restricciones a la inversión extranjera, pero al mismo tiempo observaba con preocupación cómo una resolución judicial que, en principio, favorecía su programa económico podía terminar comprometiendo una de las principales herramientas legislativas del comienzo de la gestión de Milei.
De Tribunales al Congreso
La disputa tuvo el martes pasado una primera expresión en la calle. Frente al Palacio de Tribunales, organizaciones sindicales, sociales, ambientales, docentes y vinculadas con la producción agropecuaria se concentraron para repudiar el fallo de la Corte y reclamar la restitución de la Ley de Tierras. Bajo consignas como “La tierra no se vende” y “La soberanía no se negocia”, la movilización reunió a sectores de distintas procedencias políticas que encontraron en la sentencia un motivo común de protesta.
La convocatoria contó con la participación de organizaciones de la CTA de los Trabajadores, agrupaciones ambientalistas, representantes de pequeñas y medianas empresas agropecuarias y sectores de izquierda, que instalaron su propio escenario. Hugo Yasky, uno de los dirigentes que impulsaron la movilización, planteó que la concentración frente a la Corte debía funcionar como antesala de una nueva convocatoria al Congreso el jueves 15 de octubre. Ese día, la oposición pretende realizar una sesión especial para avanzar contra el DNU 70/2023, aprovechando el malestar generado por el fallo judicial para reunir apoyos que hasta ahora no necesariamente coincidían en la necesidad de rechazar el decreto completo.
El problema para la Casa Rosada es que el artículo 154 no constituye una norma independiente, sino que forma parte del gigantesco decreto con el que Milei intentó reformar de una sola vez numerosos aspectos de la economía argentina. En lugar de discutir exclusivamente la derogación de la Ley de Tierras, la oposición busca voltear el DNU completo, que ya fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado. Para que pierda vigencia por la vía prevista en la Ley 26.122, debe ser rechazado por ambas cámaras.
Esta semana, el Gobierno hizo una defensa cerrada de su decreto. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la eliminación de los límites establecidos para la venta a extranjeros busca favorecer inversiones de largo plazo y rechazó que implique una pérdida de soberanía. “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro”, afirmó en su habitual conferencia de prensa. El problema es que la controversia ya echó raíces en el Congreso y en la calle.
El Diario Ar
