El Senado retomará esta semana su actividad legislativa con el objetivo de avanzar en el tratamiento de una nueva ley de discapacidad, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición.
La iniciativa será debatida este miércoles, desde las 16, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará conseguir el dictamen necesario para llevar el proyecto al recinto y lograr su sanción definitiva entre el 19 y el 26 de noviembre, antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.
La aprobación de la norma es una de las prioridades del Gobierno nacional, que necesita responder a los reclamos de los bloques aliados para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.
El proyecto surgió después de las controversias generadas por algunos artículos del Presupuesto 2027, impulsados por el Ministerio de Economía, que contemplaban modificaciones en el sistema de prestaciones y pensiones.
Entre otras cuestiones, la propuesta original planteaba eliminar el nomenclador único y el sistema de actualización de aranceles, además de modificar la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal.
Ante el rechazo de distintos sectores, el oficialismo acordó con sus aliados una nueva iniciativa que conserva los principales beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio para convertirlos en derechos permanentes.
El texto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, establece que las personas con discapacidad podrán continuar cobrando una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima y trabajar en relación de dependencia o como monotributistas, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
También mantiene el nomenclador único de prestaciones, garantiza la actualización periódica de los aranceles de acuerdo con la movilidad jubilatoria y asegura la cobertura médica del programa federal Incluir Salud.
En materia de financiamiento, dispone que los recursos destinados por el Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los asignados durante el ejercicio anterior.
Además, contempla un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos nacionales, como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.
Otro de los puntos incorporados durante las negociaciones establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
La iniciativa también contó con el impulso de las diputadas oficialistas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, quienes participaron de las negociaciones para alcanzar el acuerdo parlamentario.
Con este escenario, el Gobierno buscará cerrar el debate antes de diciembre y avanzar en paralelo con el tratamiento del Presupuesto 2027, cuya aprobación también depende de los acuerdos con los sectores dialoguistas de la oposición.
