El hermano de una pringlense acusada de presuntas estafas millonarias con la venta de viviendas industrializadas -que nunca se construyeron- en Bahía y la región, denunció que la mujer se instaló sin su consentimiento en la casa de su madre fallecida, donde reside junto con sus hijas en Coronel Pringles.
María José Martínez está siendo investigada por la fiscalía en vinculación con supuestos fraudes en perjuicio de unas 20 familias de esta ciudad, Punta Alta, Pehuen Co, Pringles, Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Benito Juárez y Adolfo Alsina.
La extitular de la constructora La Quimera, que tuvo oficinas también en Bahía Blanca, habría provocado daños económicos por al parecer aproximadamente 40 millones de pesos.
A través de esa empresa, la denunciada, de 42 años, firmó un contrato con las víctimas para la ejecución de unidades habitacionales bajo la técnica steel framing, pero no se construyeron pese al pago de las sumas acordadas para iniciar las obras.
Ahora su hermano José Luis asegura que ella se “adueñó” del inmueble que perteneciera a la mamá de ambos, mientras se tramita la sucesión de bienes de la difunta.
El hombre decidió iniciar el trámite para que posteriormente la propiedad se venda por cuatro partes iguales (son esa cantidad de hermanos), pero María José -afirmó- rechaza la venta del inmueble, por lo tanto saldría a remate.
Según el entrevistado, el conflicto familiar se agravó porque en el último tiempo se habrían presentado acreedores respecto de la porción de la vivienda que le corresponde a la presumible estafadora.
“No te voy a dar nada”
“Un día me junté con ella, le dije ‘te acomodaste con tus hijas en la casa de nuestra madre porque no tenés donde vivir’, y me contestó ‘hacé lo que quieras, yo no te voy a dar nada’”, expresó Martínez.
“Se quedó viviendo ahí como si la casa fuera de ella, la están destruyendo y no quiero que la propiedad pierda valor. Me da bronca que se maneje con semejante impunidad”, agregó.
“Cuando el año pasado mi mamá murió el día de mi cumpleaños, el 13 de abril, al otro día la enterramos a las 11 y a las 23 mi hermana ya estaba sacando muebles de la casa de mi madre”, continuó.
Poco después de desatarse el escándalo de las estafas, supuestos damnificados por las operaciones ilegales rompieron vidrios e hicieron pintadas en el frente del domicilio de los Martínez que está en disputa.
De acuerdo con los dichos del hombre, a su hermana se la ve “muy poco” en Pringles porque en aquella ciudad “también dejó el tendal” como consecuencia de las maniobras defraudatorias.
“Como María José no puede salir de acá (en referencia a Pringles), se quedó en la casa de mi mamá. Está re escrachada en todos lados por la causa de las estafas”, enfatizó Martínez, quien es propietario de un taller mecánico en esa localidad.
“Creo que sigue cobrando algunas cuotas de las casas porque debe haber personas que creyeron en ella y otras no; la realidad es que levantó una sola casa”, sostuvo.
Trabajó en La Quimera
José Luis trabajó con su hermana durante unos 4 meses, en momentos en que La Quimera funcionaba en Alsina al 100 de Bahía, pero cuando se dio cuenta de las irregularidades renunció.
“Ella, por ejemplo, tomaba un vehículo en parte de pago y por eso no tenía el dinero para solventar la compra de materiales para la construcción. Era obvio que tarde o temprano iba a terminar todo mal”, resaltó.
“Reventó acá en Pringles cuando ella se fue a Bahía y después siguió allá. Le dije ‘hasta que no termines en una zanja con un tiro, no vas a dejar de hacer estas cosas’. Es mi hermana, pero es una h… y lo estoy viviendo en carne propia”, finalizó.
¿De naturaleza penal o civil?
Gustavo Zorzano, fiscal de la causa, confirmó que continúa la recepción de declaraciones a las víctimas y el estudio de documentación para determinar si los hechos son de naturaleza penal (carácter restrictivo), o es una cuestión de índole civil y comercial.
Si se tratara de este último caso, las personas afectadas podrán “justificar el reclamo en otro ámbito”, en función de los posibles delitos de incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.
“Se dispusieron diligencias probatorias para intentar definir cuáles fueron efectivamente los hechos”, manifestó Zorzano.
Según el representante del Ministerio Público Fiscal, al menos hasta ahora la denunciada no se encuentra imputada formalmente en la causa, ni está próxima a tomarse alguna medida concreta respecto de ella.
Las denuncias penales contra la nombrada comenzaron a radicarse en octubre de 2022.
En septiembre del año pasado fracasó un acuerdo prejudicial entre las partes, por lo tanto se retomó el proceso penal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 bahiense.
En la audiencia de conciliación entre la denunciada y personal de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC) del Ministerio Público Fiscal, Martínez insistió con su intención de devolver el dinero a los estafados y elaboró una propuesta de pago a cada uno de ellos.
Sin embargo el intento de conciliación no prosperó debido a que ninguno -o casi ninguno- de los damnificados aceptó el ofrecimiento de la mujer.
(La Nueva)
