La Policía Federal de Brasil acusó formalmente este jueves a Jair Bolsonaro y otras 36 personas por haber participado del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, luego de que Luiz Inácio Lula da Silva lo derrotara en las elecciones presidenciales. La Fiscalía General tendrá ahora el poder de desestimar la causa o avanzar con nuevas medidas.
Luego de una extensa investigación, las fuerzas de seguridad determinaron que el expresidente estuvo implicado en el presunto plan que llevó a una cientos de militantes radicalizados a ocupar las sedes de los tres poderes del país sudamericano y exigir una intervención militar.
El exmandatario es apuntado por «crímenes de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal», según lo detallado en un comunicado oficial. Además, existirían pruebas que lo vinculan al plan de asesinato del propio Lula y de su vicepresidente, Geraldo Alckim, por lo cual las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro exmilitares y a un exasesor del mismo Bolsonaro el pasado martes.
Entre los acusados se encuentran el exjefe de gabinete y también excompañero de fórmula del líder del Partido Liberal en 2022, Walter Braga Netto; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el extitular del Gabinete de Seguridad Augusto Heleno.
Además se incluyeron en las acusaciones a Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIM); Anderson Torres, exministro de Justicia, y al argentino Fernando Cerimedo, experto en marketing y consultor de Javier Milei en sus inicios. Los delitos sumados reúnen hasta 30 años de cárcel.
Los agentes determinaron que existía una división de tareas comprendida entre cinco núcleos distintos para llevar a cabo el golpe: el jurídico, el de inteligencia paralela, el encargado de incitar a los militares a adherirse, el operacional de acciones golpistas, el de desinformación y ataque al sistema electoral y el operativo para el cumplimiento de medidas coercitivas.
«Las pruebas se obtuvieron a través de diversas investigaciones policiales realizadas a lo largo de casi dos años, basadas en incumplimientos del secreto telemático, telefónico, bancario, fiscal, colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial», manifestó la Policía.
Los resultados fueron entregados al ministro del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien impulsó la investigación y analizará la información. Luego deberá ser remitido a la Fiscalía General, a cargo de Paulo Gonet, para decidir si avanzan con nuevas medidas o se desestima la causa.
«El magistrado Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice«, manifestó Bolsonaro a través de X.
