La mamushka de sociedades offshore y complejas estructuras financieras que llegan a un núcleo de departamentos en Estados Unidos -expuesta en la investigación de los periodistas Emilia Delfino e Iván Ruiz- conduce directamente al diputado nacional del PRO Cristian Ritondo. Con un paso intermedio: su esposa, Romina Aldana Diago, una desconocida abogada que cumplió funciones menores en el Estado porteño y que habría acumulado un gran patrimonio, aunque su declaración jurada de bienes todavía se desconoce.
La minuciosa investigación periodística permitió reconstruir una historia que transcurre en lugares como la Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida (sitios que indican alguna intención de, al menos, ocultar información), pero que ya tuvo sus implicancias en nuestro país. Más allá de la evidente cobertura que protege a Ritondo en los grandes medios de comunicación, lo cierto es que tanto el diputado como su partido político -el PRO- acusaron el golpe y, para dejarlo en evidencia, aún mantienen un silencio propio de aquellos que hacen ruido. Más allá de la política, ya fue presentada una denuncia ante la Justicia federal, y, se supone, que así se abrirá un capítulo en los tribunales.
Precisamente en este aspecto (la lucha contra la corrupción), el caso deja expuestas algunas cuestiones que vale la pena analizar. La primera corresponde a la necesidad de aprobar una nueva Ley de Ética Pública. A esta altura, resulta inadmisible que la actual norma, sancionada en 1999, no haya sido actualizada. Desde aquellos años, explotó la utilización de la tecnología en los negocios; la circulación de la riqueza es inmediata; los instrumentos financieros son notoriamente diferentes; y hasta las estructuras jurídicas cambiaron. Una nueva Ley, además, debería considerar los acuerdos internacionales logrados desde aquel entonces. E, incluso, el desarrollo jurisprudencial de algunos aspectos también debiera tener su correlato en una nueva norma de integridad pública. Veamos:
La declaración jurada del cónyuge de quien ejerce la función pública debiera estar disponible para el acceso de la ciudadanía. Es inadmisible que no sea así, en este aspecto la versión original de la Ley lo contemplaba, pero, posteriormente, se limitó el derecho ciudadano a conocer estos datos. El caso ganado por Poder Ciudadano hace ya cinco años marca la línea a seguir.
La declaración jurada patrimonial de los legisladores debiera ser analizada como ocurre con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Es necesario crear, por ley, una agencia similar a la Oficina Anticorrupción, pero con competencia para cuanto ocurre en el Congreso Nacional. Actualmente, los diputados y senadores presentan su declaración jurada y nadie las examina, lo mismo sucede con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, también inadmisible.
Para los funcionarios públicos debería existir la expresa prohibición de tener cualquier activo en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas o Delaware. Denota una intención de evadir leyes y esconderse de eventuales investigaciones, administrativas o judiciales, que resulta contraria a cualquier noción de ética pública.
El sistema de presentación, análisis y publicidad debiera ser completamente digital. Con opción de un entrecruzamiento sencillo de información con las bases de datos destinadas a indagar sobre tenencias y propiedades.
Si bien no está vinculada con una nueva Ley de Ética Pública, habría que avanzar en la creación de un Registro de Beneficiarios Finales. Es necesario conocer qué personas físicas se encuentran detrás de las empresas, particularmente de las que se relacionan con el Estado. En la actualidad, por ejemplo, una empresa radicada en el exterior cuya titularidad es de la cónyuge de Ritondo podría participar de privatizaciones, beneficiarse con el RIGI o vincularse con el Estado de cualquier manera sin que nadie se entere de a dónde irán finalmente los beneficios del negocio.
Ahora bien, el discurso de Silvia Lospennato en el Congreso de la Nación cuando, al borde de las lágrimas, veía cómo se incumplieron las promesas que le hicieran sobre aportar quórum para el proyecto de “Ficha limpia”, tuvo un espectador de lujo: Cristian Ritondo. Sentado dos filas adelante, escuchaba la diatriba de su compañera de banca, indignada por la “impunidad de la corrupción”. Veremos hasta dónde llega la impunidad, si el fiscal que interviene en la causa contra Ritondo, Eduardo Taiano (con vínculos con quien debe investigar), se excusa de intervenir, o no. Será un buen parámetro.
Más allá de lo que pase en los Tribunales, hay consenso entre quienes trabajan –seriamente- en cuestiones de integridad pública: las acciones que deben tomarse contra la corrupción están muy lejos de la propuesta conocida como “Ficha limpia”. Una vez más, resulta recomendable resaltar lo expuesto en las conclusiones del estudio sobre integridad que realizó OCDE sobre Argentina. Tiene especial valor porque fue realizado por uno de los equipos de especialistas más reconocidos del mundo. Según el estudio, nuestro país debe implementar acciones preventivas, con un enfoque sistémico, integral, involucrando a la sociedad civil y con una inversión tecnológica acorde. Un rumbo que apunte fuertemente a trabajar sobre el rol del sector privado (con especial atención a los conflictos de interés y a la captura del Estado) y donde la articulación de los organismos de control sea inmediata y efectiva.
Además, el equipo de OCDE señaló, especialmente, una circunstancia que viene a cuento de lo que aquí relatado: la falta de políticas de integridad en el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los recientes casos de las propiedades vinculadas a Ritondo, los dólares del expulsado Kueider, así como la exuberante fiesta organizada por el fiscal federal Ramiro González, parecen darle la razón.
Finalmente, la OCDE también recomendó, con énfasis, impulsar una nueva Ley de Ética Pública. Lamentablemente la agenda anticorrupción parece ir por otro lado.
El autor, Luis Villanueva, es abogado, especializado en políticas anticorrupción. Fue subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción. (El Diario Ar)
