El gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su plan de recortes, y ahora la «motosierra» alcanzó la Secretaría de Hábitat y Vivienda. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la eliminación del organismo, lo que implica el cierre de programas clave y la paralización de más de 100.000 obras en todo el país. La medida dejará sin empleo a 500 trabajadores directos desde el 1 de marzo y tendrá un fuerte impacto en el sector de la construcción.
Programas eliminados y el impacto en la economía
Con la disolución de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, también desaparecen el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el programa Procrear, Casa Propia y Fonavi, entre otros. Estos programas fueron esenciales para el acceso a la vivienda de sectores medios y populares. Según datos gremiales, la decisión del gobierno repercutirá en 170.000 empleos directos en la construcción y 400.000 indirectos, agravando la crisis de un sector que ya venía en caída.
Además, la medida deja a 15.000 viviendas terminadas sin entregar y otras miles en riesgo de deterioro por la interrupción de obras. Muchas provincias y municipios solicitaron continuar con los proyectos, pero la Nación no habilitó los traspasos, dejando a miles de familias en la incertidumbre.
Ajuste y consecuencias: demandas contra el Estado
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital anunciaron que impulsarán un amparo colectivo junto a intendentes afectados para frenar el cierre de la Secretaría. «Hace un año que nos tienen haciendo informes para destruirnos», denunció Alejandra Basso, secretaria general de ATE en Hábitat y Vivienda. También advirtió que la falta de pago a constructoras y cooperativas podría derivar en juicios contra el Estado.
El desmantelamiento de estos programas también afecta a la economía local. La paralización de obras impacta en 21.335 industrias vinculadas al sector, desde ferreterías hasta comercios de materiales de construcción. «Cuando se frena la construcción, también se frena el crecimiento de los barrios y ciudades», explicó Basso.
La apuesta por el mercado y el retiro del Estado
El gobierno de Milei justifica la eliminación del fondo del Procrear bajo el argumento de que la financiación de viviendas debe quedar en manos de la banca privada. Esta postura deja en el aire el acceso a la vivienda para miles de argentinos, mientras que el sector privado prioriza la rentabilidad. «Las constructoras no van a invertir en villas o barrios carenciados, van a los lugares donde pueden duplicar sus ganancias», señaló Basso.
Mientras tanto, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) habían calificado de manera positiva algunos de los proyectos de vivienda ahora cancelados. Entre ellos, programas destinados a villas y comunidades originarias para mejorar el acceso a servicios básicos como agua, cloacas y electricidad.
Un futuro incierto para la construcción y la vivienda
El impacto de estas medidas ya se refleja en las cifras del sector. Según el último informe del CEPA, la construcción perdió 66.000 puestos desde la asunción de Milei. El índice Construya, que mide la venta de insumos, marcó una caída del 27,2% en 2024 debido a la suspensión de la obra pública y el encarecimiento de materiales.
La decisión de cerrar la Secretaría de Hábitat y Vivienda no solo deja sin empleo a cientos de trabajadores, sino que también profundiza la crisis habitacional en Argentina. La incertidumbre sobre el futuro de miles de obras inconclusas y la falta de políticas de vivienda auguran un panorama complicado para el sector y para miles de familias en todo el país.
(Grupo La provincia)
