Este martes desde las 14, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participará de la interpelación que le hará el Congreso por el caso de la criptomoneda Libra. Allí apostará por desligar al Presidente y a su hermana, Karina Milei, del escándalo y evitará dar detalles sobre la documentación que reunió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) -que depende del Ministerio de Justicia. Francos tampoco responderá preguntas sobre el proyecto financiero.
“Eso lo tienen que responder los autores de la iniciativa, no el Estado argentino”, expresan en Nación. Es por eso que el ministro coordinador no dará precisiones sobre las consultas respecto a los empresarios Julian Peh (KIP Protocol), Mauricio Novelli (N&W Professional Traders) y Hayden Davis (Kelsier) y tampoco hablará sobre el diseño de la moneda.
La base del discurso oficial la trabajó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto a su equipo de abogados. La estrategia de la Casa Rosada está basada en argumentar que no hubo un delito administrativo por parte del Estado y en desligar al presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de la conformación del proyecto.
El asesor presidencial Santiago Caputo también participó del trabajo discursivo, que tendrá una parte política y otra jurídica, que incluye normas actuales sobre del mercado de valores. Francos mantuvo reuniones en los últimos días con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y con el viceministro, Sebastián Amerio, para definir detalles técnicos de la presentación. Estuvo también con el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.
El Gobierno responderá por escrito el pedido de información de la Cámara de Diputados por $Libra, pero no entregará las respuestas a las 70 consultas sobre la criptomoneda que fueron hechas en el marco del informe de gestión, que ya fue entregado la semana pasada a los legisladores. “Se definió diferenciar la exposición por $Libra de las consultas por la gestión”, agregan en el oficialismo.
Francos reconocerá los contactos entre el círculo íntimo del jefe de Estado y los empresarios, pero mantendrá la postura de que el jefe de Estado “solo le dio difusión” al proyecto. El jefe de Gabinete -como la mayoría de los funcionarios- no estaba al tanto de que el presidente iba a promocionar el proyecto a través de sus redes.
La Casa Rosada asegura además que continúa recabando información de organismos estatales -como de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- para completar el informe que presentará ante la Justicia. La funcionaria a cargo es la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo. Los cercanos al presidente sostienen que no darán a conocer detalles en el corto plazo porque es “secreto”.
La mesa judicial de Balcarce 50 quiere frenar además la investigación que está realizando el fiscal Eduardo Taiano, que ya solicitó levantar el secreto fiscal del jefe de Estado y de la secretaria general de la Presidencia. La jueza María Servini -que debe autorizar la medida- tiene un vínculo personal con el apoderado de LLA, Santiago Viola. Se trata de un abogado cercano a la hermana del presidente. (con información de TN)
, Guillermo Francos, participará de la interpelación que le hará el Congreso por el caso de la mega estafa con la criptomoneda Libra. Allí apostará por desligar al Presidente y a su hermana, Karina Milei, del escándalo y evitará dar detalles sobre la documentación que reunió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) -que depende del Ministerio de Justicia. Francos tampoco responderá preguntas sobre el proyecto financiero.
“Eso lo tienen que responder los autores de la iniciativa, no el Estado argentino”, expresan en Nación. Es por eso que el ministro coordinador no dará precisiones sobre las consultas respecto a los empresarios Julian Peh (KIP Protocol), Mauricio Novelli (N&W Professional Traders) y Hayden Davis (Kelsier) y tampoco hablará sobre el diseño de la moneda.
La base del discurso oficial la trabajó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto a su equipo de abogados. La estrategia de la Casa Rosada está basada en argumentar que no hubo un delito administrativo por parte del Estado y en desligar al presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de la conformación del proyecto.
El asesor presidencial Santiago Caputo también participó del trabajo discursivo, que tendrá una parte política y otra jurídica, que incluye normas actuales sobre del mercado de valores. Francos mantuvo reuniones en los últimos días con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y con el viceministro, Sebastián Amerio, para definir detalles técnicos de la presentación. Estuvo también con el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.
El Gobierno responderá por escrito el pedido de información de la Cámara de Diputados por $Libra, pero no entregará las respuestas a las 70 consultas sobre la criptomoneda que fueron hechas en el marco del informe de gestión, que ya fue entregado la semana pasada a los legisladores. “Se definió diferenciar la exposición por $Libra de las consultas por la gestión”, agregan en el oficialismo.
Francos reconocerá los contactos entre el círculo íntimo del jefe de Estado y los empresarios, pero mantendrá la postura de que el jefe de Estado “solo le dio difusión” al proyecto. El jefe de Gabinete -como la mayoría de los funcionarios- no estaba al tanto de que el presidente iba a promocionar el proyecto a través de sus redes.
La Casa Rosada asegura además que continúa recabando información de organismos estatales -como de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- para completar el informe que presentará ante la Justicia. La funcionaria a cargo es la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo. Los cercanos al presidente sostienen que no darán a conocer detalles en el corto plazo porque es “secreto”.
La mesa judicial de Balcarce 50 quiere frenar además la investigación que está realizando el fiscal Eduardo Taiano, que ya solicitó levantar el secreto fiscal del jefe de Estado y de la secretaria general de la Presidencia. La jueza María Servini -que debe autorizar la medida- tiene un vínculo personal con el apoderado de LLA, Santiago Viola. Se trata de un abogado cercano a la hermana del presidente. (con información de TN)
