Los abogados que representaban a Diego Spagnuolo en la causa donde lo investigan por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad renunciaron este viernes a su defensa.
Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia.
“Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, se lee en el documento.
Además, según pudo confirmar este medio, el fiscal del caso, Franco Picardi, hoy realizó allanamientos en propiedades del ex titular de la ANDIS y Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo. Además, en otro operativo llevado a cabo en la sucursal de un banco, se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.
Tanto Diego Spagnuolo como Daniel Garbellini optaron por no apoyar el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también investigada en el expediente. Los abogados de Spagnuolo -que ahora renunciaron- argumentaron la necesidad de revisar el expediente antes de fijar posición y solicitaron una prórroga ante el juez federal Sebastián Casanello. Hasta el momento, las defensas de ambos ex funcionarios no acompañaron el planteo de nulidad ni descartaron la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno sostiene que no han tomado una decisión definitiva al respecto.
El pedido de nulidad cuestiona la validez de los audios como prueba, denunciando un inicio del proceso caracterizado por “oscurantismo” y desinformación, y señalando una supuesta vulneración al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Nacional. Por este motivo, consideran que todo lo actuado en la causa debe ser anulado.
Actualmente, ninguna de las personas mencionadas en la causa —Spagnuolo, Garbellini o los dueños de la droguería— recibió una imputación formal. El expediente se mantiene bajo secreto de sumario, situación que restringe el acceso de las partes y que podría prorrogarse otros diez días a pedido del fiscal Franco Picardi. El juez Casanello espera ahora la opinión de la fiscalía y la querella (a cargo de la ONG Poder Ciudadano), para resolver sobre el planteo de nulidad, decisión que podrá ser apelada.
Declaraciones y ratificaciones claves
En las últimas horas, el consultor en comunicación libertario Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Picardi. Cerimedo ratificó en tribunales que Spagnuolo le relató un esquema de sobornos en las compras de medicamentos, estructura que finalizaba en la Secretaría General de la Presidencia. Cerimedo, ex asesor de comunicación de La Libertad Avanza, afirmó que las conversaciones con Spagnuolo fueron reiteradas a lo largo de 2024, y que Spagnuolo le fue narrando, de manera progresiva, los detalles del circuito de los presuntos pagos indebidos en la ANDIS.
Desde el entorno de Cerimedo aclararon que el testigo aportó toda la información que poseía y que permanecerá en reserva cualquier otra declaración debido al secreto de sumario vigente. Cerimedo también sostiene públicamente que no fue quien grabó a Spagnuolo y que, como abogado, el ex funcionario era consciente de la gravedad de sus dichos.
La investigación se inició tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien aportó la grabación difundida en el canal Carnaval Stream. Paralelamente, la defensa de la droguería Suizo Argentina argumenta que las grabaciones habrían sido adulteradas y obtenidas en violación de la intimidad, por lo que consideran que la causa es inválida.
Denuncias cruzadas y otras causas en trámite
El Gobierno denunció además una presunta operación ilegal de inteligencia tras una segunda filtración de grabaciones vinculadas a Karina Milei. Este nuevo expediente se encuentra en manos del fiscal Carlos Stornelli e involucra a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron los audios originales. Ambos declararon en Comodoro Py, afirmaron no estar imputados y se pusieron a disposición de la Justicia.
Así, el proceso se encuentra en una etapa de definiciones clave en torno a la validez de las pruebas y los próximos pasos de la investigación judicial, mientras persiste la incertidumbre respecto a eventuales imputaciones y eventuales colaboraciones procesales de los involucrados.
(Infobae)
