El jurado popular absolvió a los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba cuando su hija se encontraba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus.
El médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales llegaron al debate acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal Julio Rivero había pedido un año y seis meses de prisión condicional para los implicados, al tiempo que peticionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que Solange Musse, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo deben ser reconocidos como víctimas de violencia institucional.
Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi solicitó una pena de dos años y otros cuatro de inhabilitación para desempeñar funciones en el Estado.
Sin embargo, los miembros del jurado votaron por unanimidad la inocencia de Morales y por mayoría la absolución del facultativo.
El padre de la víctima pronunció sus últimas palabras ante el tribunal antes de que comience la deliberación y expresó que «la sociedad argentina está pidiendo justicia por Solange y por todos los argentinos que pasaron por esta situación».
«No tiene perdón lo que hicieron, tal vez Dios sí los perdona, fue injusto lo que hicieron, tanto hablaron de un protocolo que no cumplieron», recriminó en diálogo con los medios locales.
Luego de que se conoció el fallo, Musse afirmó sentir «bronca y odio», al tiempo que confirmó que apelará la decisión del jurado popular.
De acuerdo a la acusación, Andrada y Morales negaron el ingreso de Musse la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.
Desde el portal Justicia Córdoba señalan que la requisitoria fiscal sostiene que, por decisión de los imputados, Pablo Musse –que estaba acompañado por una persona con discapacidad- tuvo que regresar a su domicilio de origen en Plottier, en Neuquén, encapsulado y escoltado por una comisión policial.
Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
Luego de que se conociera la historia, Solange redactó una carta donde expuso que, hasta su último suspiro “tengo mis derechos”.
De igual modo, Solange falleció sin poder despedirse de su papá, lo que provocó una ola de críticas en torno a la causa.
(NA)
