“La Ley de Glaciares protege un recurso único y finito: el agua. El retroceso ambiental que planteará esta modificación pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos. Lo que se discutirá cuando el proyecto sea presentado es la entrega de las fuentes de agua de los argentinos”, expresó Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, en una declaración que describe la postura de la organización ecologista ante la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei envíe al Congreso una modificación a la Ley de Glaciares que se sancionó en 2010.
En un discurso reciente ante empresarios, Milei adelantó que está dispuesto a mandar al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre los glaciares con la intención de devolverle «federalismo a las provincias”, apoyado en una idea que pergeño el gobernador mendocino de origen radical Alfredo Cornejo. “Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas”, sostuvo el Presidente.
Según Greenpeace, «la normativa original reconoce la importancia de estos ecosistemas en la lucha contra la crisis climática y en la provisión de agua para millones de personas e inhabilita actividades que puedan dañarlos, como la minería y la explotación hidrocarburífera».
La intención del Gobierno es que la norma se flexibilice con la intención de favorecer a las inversiones contempladas en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y que están vinculadas principalmente con proyectos mineros en algunas zonas protegidas, como las que pretenden extraer cobre de la región cordillerana en la provincia de San Juan.
Rossi Serra advirtió que “la Ley de Glaciares es una norma pionera, no existe otra en la región que cuente con tal alcance de protección para los glaciares y el ambiente periglacial y por ello deberíamos sentir orgullo. No podemos permitir que la Ley de Glaciares se modifique. Implicaría una condena al agua de los argentinos”.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue impulsado por millones de personas y cientos de organizaciones civiles que estableció salvaguardas estrictas para proteger a los glaciares y al ambiente periglacial, áreas críticas para el almacenamiento de agua y la regulación climática.
Sin embargo, en esa oportunidad quedaron sin reglamentar los artículos 1 y 6 de la Ley de Glaciares. El 1 debe determinar con precisión sobre los ambientes “glaciar” y “periglaciar”, mientras que el 6, servirá para bridarle una base científica y cuantitativa más firme al concepto de “significancia hídrica”.
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