En el marco del debate legislativo sobre posibles modificaciones a la Ley Nacional 26.639, las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands presentaron el informe técnico “La importancia de los glaciares para la biodiversidad argentina y los potenciales riesgos de su desprotección”. Allí advierten que debilitar la normativa implicaría mayores riesgos ecológicos, hídricos y climáticos para el país.
“El informe demuestra con datos concretos que la protección de glaciares y del ambiente periglaciar no es un tema sectorial ni exclusivamente cordillerano: es una cuestión estratégica para la biodiversidad, el agua y el desarrollo del país. Debilitar la ley implicaría aumentar la vulnerabilidad de ecosistemas de los que dependen más de la mitad de nuestras especies”, afirmó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
Reservas naturales de agua
El documento subraya que los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol clave en el funcionamiento de los ecosistemas. Actúan como “tanques de agua” naturales, almacenando agua en forma de hielo y liberándola de manera gradual, especialmente en períodos de sequía.
Según el informe, el 36% de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, lo que abarca 20 provincias y más de 7,5 millones de habitantes.
Además, el Inventario Nacional de Glaciares identificó 16.968 cuerpos glaciares en el país, con una superficie estimada de 8.484 km² distribuidos en doce provincias.
“Los glaciares cubren menos del 0,25% de la superficie continental, pero el agua que proveen alimenta ecosistemas y comunidades a cientos de kilómetros, siendo claves para la conservación de la biodiversidad argentina. Esta dependencia se vuelve más crítica en un contexto de mayores temperaturas y menores precipitaciones”, explicó Mariano González Roglich, director de WCS Argentina.
Impacto sobre la biodiversidad
El informe advierte que el 56% de las especies evaluadas en Argentina habita en regiones alimentadas por agua de glaciares. La dependencia es aún mayor en algunos grupos:
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86% de los mamíferos
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78% de los reptiles
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69% de los anfibios
En estas áreas también se concentra la mayor proporción de especies amenazadas: 83% de los anfibios, 70% de los mamíferos, 56% de los reptiles y 53% de los peces de agua dulce catalogados como Vulnerables o En Peligro por la UICN.
“Desde el punto de vista ecológico, los glaciares y el ambiente periglaciar sostienen una biodiversidad altamente especializada y sensible, incluyendo humedales como lagunas, ríos de montaña, vegas altoandinas y turberas”, señaló Daniel Blanco, director de Fundación Humedales/Wetlands International.
Entre las especies emblemáticas en riesgo, el informe menciona al huemul, con una población estimada de 400 a 500 ejemplares en Argentina, y a la chinchilla de cola corta, categorizada En Peligro Crítico. También destacan aves vinculadas al deshielo como el macá tobiano y el chorlito de vincha, ambos En Peligro Crítico.
Áreas protegidas y cambio climático
El estudio indica que el 35% de las áreas protegidas del país se ubica dentro de cuencas hidrográficas alimentadas por glaciares, lo que evidencia la fuerte dependencia de estos sistemas.
En paralelo, advierte que el cambio climático ya está impactando: en el noroeste argentino se registró una reducción del 17% de los glaciares en diez años y una contracción del 23% en los manchones de nieve perenne en el mismo período.
El debate por la normativa
“Los minerales son centrales para la transición energética, pero la responsabilidad ambiental no es negociable. La minería puede y debe desarrollarse sin afectar glaciares ni reservas estratégicas de agua”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
El informe concluye que proteger los glaciares y el ambiente periglaciar es una solución basada en la naturaleza para asegurar la provisión de agua, sostener la biodiversidad y reducir riesgos ambientales a largo plazo.
En ese sentido, las organizaciones advierten que cualquier modificación a la Ley 26.639 debería evaluarse considerando los impactos acumulativos y futuros sobre los ecosistemas, y recomiendan fortalecer su cumplimiento y monitoreo en lugar de flexibilizarla.
