El Senado de la Nación Argentina abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que introduce cambios sensibles en el abordaje de las adicciones y los criterios de internación.
El tratamiento comenzará a las 16:30 en un plenario de comisiones que reunirá a Salud —presidida por la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta— y Legislación General, a cargo de Nadia Márquez.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de las adicciones dentro del campo de la salud mental, estableciendo que el consumo problemático de sustancias —legales o ilegales— debe ser abordado como parte de las políticas públicas del área. El texto plantea que estos casos deben tratarse considerando la situación particular de cada persona y respetando sus derechos dentro del sistema de salud.
En paralelo, la iniciativa introduce modificaciones en los criterios de internación. El punto más debatido es la posibilidad de habilitar internaciones no voluntarias, es decir, sin el consentimiento del paciente, una herramienta que la legislación vigente —sancionada en 2010— limita a situaciones excepcionales.
En este sentido, el proyecto reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, ampliando el margen de intervención del sistema de salud. No obstante, se mantiene que la internación debe ser un recurso terapéutico excepcional, aplicable únicamente cuando resulte más beneficiosa que otras alternativas en el entorno social o familiar.
La propuesta también refuerza el rol del enfoque médico dentro de los equipos interdisciplinarios, con mayor participación de profesionales en psiquiatría en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.
En cuanto a los controles, se establece que toda internación involuntaria deberá ser comunicada a la Justicia en un plazo de 24 horas, mientras que la documentación correspondiente deberá remitirse dentro de las 48 horas.
El proyecto cuenta con el respaldo de familiares de personas con adicciones, quienes sostienen que la normativa actual no ofrece respuestas adecuadas frente a situaciones complejas. El debate en el Senado abre así una discusión de fondo sobre el equilibrio entre derechos individuales, salud pública y herramientas de intervención estatal.
