La política de negacionismo del Gobierno tiene un efecto concreto: el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismo creado por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo, alertó a la Justicia federal que su crisis financiera amenaza las causas de lesa humanidad. Desde que asumió Javier Milei, sufrió un recorte del 57% en términos reales, y ya no puede tomar muestras por falta de financiamiento estatal.
La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, envió el viernes último una nota a tribunales y juzgados federales con causas de lesa humanidad en la que advirtió que el organismo “no podrá llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, según consignó Página/12.
La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), dirigida por el fiscal Pablo Parenti, ya realizó presentaciones por este tema en los tribunales. También lo hizo la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira.
En esos escritos, la fiscalía sostuvo que el correcto funcionamiento del BNDG es una condición necesaria para que los casos de apropiación de niños en contexto de terrorismo estatal puedan ser resueltos y para que se restituyan las identidades, se sancione a los responsables y se reparen los daños. El escrito ingresó en los juzgados federales a cargo de Ernesto Kreplak y Alejo Ramos Padilla.
El trasfondo es un recorte sostenido: desde la asunción de Milei, el BNDG sufrió una caída del 57,3% en términos reales, con recortes del 35,1% en 2024, del 30,1% en 2025 y un deterioro del 5,8% en lo que va de 2026. Los gastos de funcionamiento cayeron un 65,8% en tres años y la masa salarial un 46% desde 2023. La dotación de personal se redujo un 34% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según datos del grupo Economía, Política y Ciencia.
La falta de presupuesto afecta tareas básicas como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio, lo que pone en riesgo la cadena de custodia de las muestras biológicas —sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN— que el organismo preserva para determinar si una persona es hija de desaparecidos. También implica que los expertos no cuenten con viáticos para viajar a tomar muestras en distintos puntos del país.
El golpe institucional vino antes que la crisis presupuestaria: en mayo de 2025, el Decreto 351/2025 firmado por Milei dispuso la reestructuración del BNDG “con el fin de reducir el gasto público”, convirtiéndolo de organismo descentralizado en organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya expresó en su último informe anual su preocupación por la situación del organismo y el impacto del ajuste en la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la dictadura. Más de 300 personas apropiadas siguen sin identificar.
