“Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, rechazó esta semana el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el reclamo multitudinario de que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. Pero no es tan así. La manta corta del presupuesto después de dos años y medio de motosierra más y más profunda ante una recaudación tributaria que cumple nueve meses en caída también es fruto de las políticas adoptadas por el experimento libertario de Javier Milei que vinieron a ver de cerca por unos meses, desde su mansión en Barrio Parque, el dueño de la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies, Peter Thiel, y su esposo, Matt Danzeisen.
Es que no todos los gastos se rebanaron, pero sí todos los ingresos, entre bajas de impuestos para ricos y sectores privilegiados y el impacto de una política que desalientan el consumo, la industria y la construcción con tal del noble objetivo de volver a bajar la inflación.
La sierra motorizada podó ya el 32% del gasto en términos reales (ajustados por el índice de precios al consumidor, IPC), si se compara el primer cuatrimestre de 2026 con el mismo periodo de 2023, cuando gobernaban Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Año tras año el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, como se definió Milei, viene achicándolo más y más. Pero algunos rubros zafan del recorte, según comprueba un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en los datos oficiales de ejecución presupuestaria. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó 33% más que hace tres años.
Además, el 10% de las privatizaciones de empresas públicas y de las concesiones al sector privado irá a reequipamiento militar. El resto, a cubrir los pagos de deuda pública y a evitar con ingresos extraordinarios que se pierda el déficit fiscal por la merma recaudatoria. También ahora le devolvieron a las Fuerzas Armadas las tareas de contrainteligencia que les había quitado el kirchnerismo.
La Procuración del Tesoro de la Nación elevó 1,5% sus erogaciones. Es el área que logró el fallo de segunda instancia de EE.UU. a favor de la nacionalización de YPF. Habrá que ver si el Estado logra revertir ahora la sentencia local a favor de Tecpetrol, la petrolera de Techint, por un reclamo de subsidios al gas. Esta semana, la abogada del Estado Karina De Matteo apeló el fallo en un texto tan escueto que no ofreció ningún argumento en defensa del erario público. Sorprende que pese a las diatribas de Milei contra el dueño de Techint, Paolo Rocca, su gobierno no argumente en este juicio con el mismo ímpetu que sostuvieron las dos administraciones antecesoras, la de Mauricio Macri y la peronista. Y eso que Rocca y el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, suman cada vez más empresarios al colectivo de los que buscan un candidato “normal”, alternativo a Milei y a Axel Kicillof.
Mucho mejor le va a la Secretaría de Inteligencia (SIDE): incrementó sus egresos un 25%. Queda por dilucidar si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios reciben sobresueldos de la SIDE, como ocurría en el gobierno de Carlos Menem, o si se reparten coimas de cajas como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como es la hipótesis de uno de sus denunciantes, el diputado socialista Esteban Paulón. Como gobiernos anteriores, el de Milei también mimó a los gobernadores aliados y castigó a los opositores. Así como secó por completo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, elevó 77% las transferencias del programa de relaciones con las provincias.
Sorprende que se más que duplique (+118%) el gasto del Instituto de Ablación e Implante (Incucai). Milei, que en la campaña presidencial había abogado por la compraventa de órganos, finalmente excluyó los trasplantes de la motosierra, a diferencia de otros gastos de salud. Mientras, las asignaciones familiares crecieron 12%, sobre todo por la universal por hijo (AUH), a la que apostó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para compensar la eliminación de las otras ayudas sociales que se canalizaban por las desarticuladas organizaciones sociales. Cada vez más se oyen dirigentes peronistas que se preguntan por qué les dieron tanto poder a los piqueteros.
Los ingresos tributarios, mientras tanto, cayeron 11% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2023, según otro reporte del CEPA. No es casualidad sino consecuencia de la receta económica, que incluye hundimiento de ciertos sectores, privilegios para otros y elogios presidenciales de la evasión de impuestos tachados como robo. El IVA, el impuesto que más recauda y el más regresivo porque castiga por igual a todas las clases sociales, recaudó 17% menos. Y no es que el presidente libertario lo rebajó ni un ápice sino que es fruto del descenso del consumo de un subsuelo a otro más profundo.
El impuesto a las Ganancias recolectó 38% menos. Es lógico en un contexto de desaparición de 22.608 empresas, en el balance entre nuevas y cerradas. Entre las nacidas encabezan la lista las de servicios personales, actividades administrativas, minería e hidrocarburos. Entre las muertas, las de transporte, comercio, inmobiliarias, industrias, servicios profesionales y científicos y construcción. En este último sector se presentaron en concurso preventivo GCDI, el grupo de Marcelo Figoli que había comprado años atrás la constructora de Nicolás Caputo, y Esuco, la de Carlos Wagner, que presidió la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo.
Pero Ganancias seguirá recaudando menos en la medida en que los sectores más pujantes gocen de la rebaja de alícuota del 35% al 25% por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno ya aprobó 16 proyectos dentro de este esquema: en transporte de hidrocarburos (tres) -este año decretó que también se incluyera la extracción de petróleo y gas, pese a que cuando se aprobó la ley consideraba que no necesitaba de apoyo adicional y por tanto implicaría un costo fiscal innecesario-, en minería (nueve) -este jueves se sumó el de cobre Proyecto San Jorge, de la suiza Zonda Metals y del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini-, energías renovables (dos), un puerto y una industria siderúrgica.
El Gobierno que se jacta de carecer de una política industrial sí tiene una política energética y otra minera. Es decir, elige ganadores, pese a que en teoría debería dejar que el mercado los escoja. Lo que no hace es transparentar el costo fiscal del RIGI. Así como en el presupuesto 2026 se calcula que el régimen de electrónica de Tierra del Fuego (Newsan, Mirgor y BGH, entre sus mayores protagonistas) aún cuesta el 0,17% del PBI; el de minería (que ampara a Barrick, Rio Tinto, Ganfeng, José Luis Manzano, Posco, Zijin, AngloGold Ashanti, Newmont y Pan American Silver, entre otras), el 0,06% y el de economía del conocimiento (el que beneficia a Mercado Libre, Globant, Despegar y Accenture, entre otras firmas), el 0,05%, no se prevé nada del RIGI.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una serie de pedidos de acceso a la información pública reclamando datos sobre cuántos impuestos se resignarán para fomentar ciertas actividades con el RIGI, pero no hubo respuesta. “No sólo no tienen las estimaciones sobre el gasto tributario que genera el RIGI sino que lo que evidencian estos pedidos de acceso a la información pública es que se diseñan las medidas de política económica sin adecuados análisis previos del impacto fiscal y menos aún del impacto socioambiental”, advierte el coordinador del área de investigación de FARN, Ariel Slipak. Entre los beneficiarios están YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, Golar, Rio Tinto, Sidersa, Galan Lithium, Acindar, PCR, McEwen Copper, Minas Argentinas -del español Juan José Retamero-, Barrick, Ganfeng y America Lithium, entre otros.
El Gobierno que dice que no hará política industrial pretende volver a elegir ganadores con el Súper RIGI, que rebajará Ganancias al 15% para determinados sectores: la cadena de valor del litio y del uranio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL (gas natural licuado) onshore (es decir, el que se comprime en plantas y no en barcos, como está proyectándose hasta ahora); los reactores nucleares pequeños y medianos; la producción de paneles solares y turbinas eólicas; los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos y los de la industria aeroespacial; los bienes industriales a partir de la pesca; los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros. También se menciona a la industria tecnomilitar de Palantir, Anthropic o Boeing.
Una pregunta es cómo se proveerá de energía a estas ideas del Súper RIGI si incluso hay dificultad para abastecer los proyectos del RIGI. Dos iniciativas aprobadas de minería en San Juan, Vicuña y Los Azules se enfrentarán el próximo 3 de junio en audiencia pública para definir cómo se reparte el escaso suministro eléctrico que pretenden ambos. La primera es de la canadiense Lundin y la australiana BHP y su rival, McEwen, también de Canadá. Después deberá resolver el ente regulador. “La oferta de energía va a tener que crecer junto con los proyectos. Hay varias compañías que quieren construir esa infraestructura. Nadia se va a quedar sin energía sino que compiten por mejores términos”, se ilusionan altas fuentes del Ministerio de Economía.
Otra duda radica en si se privilegiará a sectores inexistentes en Argentina, mientras otros que vienen de antaño se desmoronan pero pagan 35% de Ganancias y sostienen al Estado. Es lo que reclamó Rappallini en un artículo publicado por Infobae: un RIGI industrial. Los que en la UIA critican su anterior condescendencia con el Gobierno explican que este giro más duro responde a la presión de las bases ante derrumbes de la actividad. De todos modos, tampoco pierde las formas porque aspira a negociar la semana próxima cara a cara con el ministro de Economía, Luis Caputo. Claro que si a todos los sectores económicos les rebajas tributos, ¿quién pagará los impuestos que sostienen servicios básicos? ¿Las clases media y baja?
Porque además de Ganancias, el Estado mínimo de Milei resignó la recaudación de otros impuestos. La de bienes personales se derrumbó 81% por la baja de alícuotas y la elevación del nivel de patrimonio a partir del cual se tributa. Los ricos, felices de pagar menos impuestos, total ellos tienen seguridad propia, salud prepaga o educación privada -aunque claro que se sirven de la mano de obra formada en la pública-. No son de los que duermen en la calle ni de los que son mendigados por estos. Circulan por otras vidas. La recolección de impuestos internos también bajó 32%, en parte por las rebajas de los gravámenes a los consumos de lujo. Otra manito a los que más tienen.
La recaudación del gravamen de débitos y créditos cayó 8%, en otra señal de la fría actividad. Los aranceles a la importación, apertura mediante y ante el consumo retraído, recabaron 24% menos. Sólo mejoró lo recogido por las retenciones a la exportación, un 31%: pese a que el Gobierno benefició al campo con un recorte parcial de este impuesto -la Mesa de Enlace pide eliminarlas-, la comparación con 2023 resulta muy positiva porque aquel año la cosecha se derrumbó por una sequía histórica.
Ahora la seca pega a otros. A la salud, la ciencia, las jubilaciones, el desarrollo social, la educación, incluso las fuerzas armadas y de seguridad en su conjunto, la obra pública, las provincias y los municipios. Todos rubros recortados por la motosierra.
(El Diario Ar)
