La Justicia federal de La Plata ordenó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de advertencias sobre una situación presupuestaria crítica que podría afectar estudios de ADN vinculados a causas por apropiación de niños durante la última dictadura militar.
La resolución fue dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien dispuso una medida cautelar interina dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El magistrado le ordenó adoptar medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar la continuidad operativa del organismo.
El fallo apunta a garantizar la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos y la realización de análisis necesarios en investigaciones judiciales por apropiación de menores, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Según dicha resolución, el banco conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas.
La decisión judicial se produjo después de planteos realizados por fiscales especializados y organismos de derechos humanos, que alertaron sobre las dificultades del BNDG para continuar con sus tareas habituales. Entre los puntos señalados aparece la imposibilidad de avanzar con nuevas muestras y estudios por falta de recursos.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y cumple una función central en la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura. Su tarea permite comparar muestras de posibles nietos y nietas con los perfiles genéticos de familiares de desaparecidos.
En los últimos días, Abuelas había advertido que el organismo atravesaba una situación de riesgo y pidió la intervención del Poder Judicial y del Congreso para garantizar su normal funcionamiento. La organización sostuvo que cualquier interrupción en las tareas del banco podría afectar procesos de restitución de identidad y causas judiciales en trámite.
La medida de Ramos Padilla busca evitar que la falta de presupuesto o de condiciones operativas comprometa la conservación de muestras biológicas y la continuidad de estudios genéticos pendientes. Para el juez, se trata de material sensible y de valor probatorio en investigaciones vinculadas con crímenes de lesa humanidad.
Tal como señala Infobae, el Gobierno había dispuesto este año cambios en la estructura del BNDG mediante el decreto 351/2025, en el marco de una reorganización administrativa. Esa transformación generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y abrió un nuevo frente judicial y político en torno al futuro del organismo.
Con la cautelar, la Justicia ordenó asegurar la continuidad de una herramienta científica e institucional considerada clave en la política de memoria, verdad y justicia. El cumplimiento de la resolución quedará ahora bajo responsabilidad de la Jefatura de Gabinete.
