La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) entregó a la Justicia un informe técnico sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El estudio, según supo TN, señala la existencia de “inconsistencias” y ahora la fiscalía trabaja en darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
El informe es de carácter técnico y no establece una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial. Su contenido marca inconsistencias que deberán ser analizadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien terminará de definir los próximos pasos de la investigación.
La elaboración del estudio había sido solicitada por Pollicita para reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. El objetivo era contar con elementos suficientes para determinar si existía algún desbalance que amerite un pedido de explicaciones adicionales antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
Ahora, el análisis queda en manos de Pollicita. La fiscalía deberá determinar qué aspectos concretos deben ser aclarados y cómo se formulará el eventual pedido de explicaciones patrimoniales.
La reconstrucción solicitada por el fiscal contempló un análisis individual de Adorni y Angeletti y otro consolidado del grupo familiar. Entre otros puntos, la DAFI debía establecer la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada ejercicio investigado.
También debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental y diferenciarlos de transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
Uno de los objetivos centrales era reconstruir las entradas y salidas de dinero y vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos. Para evitar duplicaciones, el fiscal había pedido depurar las operaciones que no representaran nuevas fuentes o aplicaciones de fondos, como las transferencias internas o las conversiones de moneda.
El informe también debía comparar las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus eventuales rectificaciones. En particular, se buscó identificar cambios en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución del patrimonio.
Otro de los puntos considerados fue la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Además, debía contrastar esa información con las declaraciones juradas patrimoniales y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la causa.
El análisis de las criptomonedas aparece como uno de los aspectos sensibles de la investigación debido a los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. La elaboración del informe técnico había sufrido demoras por la incorporación de nuevos estudios vinculados con ese punto.
La investigación también contempla la revisión del costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas. En los casos de préstamos, mutuos u otras fuentes de financiamiento, el fiscal había pedido que se analizara la capacidad económica involucrada y que se señalaran eventuales diferencias entre los instrumentos, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.
Como cierre del análisis, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo era confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.
A partir de ese cruce, el informe debía permitir identificar las partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y las disponibilidades acreditadas, presentaran respaldo incompleto, hubieran cambiado de explicación entre distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito es una de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni y continúa en etapa de instrucción. En paralelo, también se tramita un expediente relacionado con el viaje a Punta del Este que realizó durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. En esa investigación se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales. (TN)
