El bonifacense Ignacio “Nacho” Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales, volvió a presentar un reclamo ante el Ministerio Público Fiscal en el Fuero Civil y de Protección de Intereses Colectivos por el estado de la Ruta Provincial N.º 65, en el tramo comprendido entre Guaminí y Bolívar.
La nueva presentación se produjo luego de que un planteo realizado anteriormente en el ámbito penal fuera desestimado por la UFIJ N.º 2 de Trenque Lauquen, que consideró que la falta de mantenimiento y de infraestructura vial no encuadra de manera directa como un delito. A partir de esa resolución, el reclamo fue derivado al fuero civil y administrativo.
El reclamo continúa en la Justicia Civil
Zavaleta decidió volver a insistir formalmente y solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal en el ámbito civil, con el objetivo de proteger los derechos colectivos de todos los usuarios de la Ruta 65.
En su presentación describió el estado del corredor como de “grave deterioro, abandono y riesgo estructural” y pidió que se adopten medidas preventivas, precautorias y de seguridad vial ante las autoridades competentes.
La Ruta Provincial 65 fue definida en el escrito como una arteria de importancia para la producción, el transporte de cargas y el tránsito vehicular del sudoeste bonaerense.
Pozos, deformaciones y banquinas descalzadas
Entre las principales deficiencias denunciadas aparecen los baches de gran profundidad y las deformaciones del asfalto, que —según la presentación— obligarían a los conductores a realizar maniobras evasivas y, en algunos casos, a cruzarse al carril contrario.
También se cuestiona el estado de las banquinas, señaladas como descalzadas e inestables y con diferencias de nivel respecto de la calzada que podrían dificultar una maniobra de emergencia.
Otro de los puntos planteados es la falta de señalización y demarcación, tanto horizontal como vertical.
Zavaleta advirtió particularmente sobre la ausencia o deterioro de pintura horizontal reflectante y de cartelería de advertencia en sectores considerados críticos, una situación que, según sostuvo, incrementa el riesgo durante la circulación nocturna o con niebla.
Qué le pidió a la Justicia
Entre las medidas solicitadas, el referente de la Unión de Usuarios Viales pidió que se realicen relevamientos urgentes sobre el estado de los pozos, las deformaciones del asfalto y las banquinas.
También requirió que se solicite información a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires sobre los planes previstos para el mantenimiento, el bacheo de emergencia y la señalización del tramo Guaminí-Bolívar.
Otro de los pedidos apunta a que se adopten medidas para la reparación y señalización inmediata de los sectores considerados críticos.
Además, solicitó que se oficie a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de las dependencias correspondientes de la zona, para que realice un relevamiento y constate el estado de la calzada y las banquinas.
“La seguridad vial no es una discusión abstracta”
En el mensaje difundido junto con la presentación judicial, Zavaleta remarcó el objetivo de continuar con el reclamo.
“La seguridad vial no es una discusión abstracta: es defender la vida de nuestras familias y la producción de nuestros pueblos”, expresó.
En ese sentido, afirmó que continuará siguiendo el expediente en el ámbito civil “paso a paso”, con la expectativa de que se concreten obras destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad del corredor.
El pedido de intervención de oficio
La presentación solicita específicamente que el Ministerio Público Fiscal intervenga de oficio en el marco de sus competencias civiles, en defensa de los intereses colectivos y difusos vinculados con la seguridad de quienes utilizan la ruta.
El escrito también plantea que, ante las condiciones denunciadas, se impulsen las acciones preventivas, judiciales o administrativas correspondientes para ordenar la señalización y reparación de los puntos críticos.
Zavaleta dejó constancia además de que la presentación se realiza como petición y alerta ciudadana, en ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, y que no pretende constituirse como parte querellante ni asumir un rol dentro de un proceso contradictorio.
El reclamo por el estado de la Ruta Provincial 65 entre Guaminí y Bolívar continúa así su recorrido en el ámbito de la Justicia Civil, luego de la desestimación de la presentación penal inicial.
