La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Se destinaban a sectores vulnerables.
El abogado y exfuncionario quedó procesado y más cerca de ser enviado a juicio oral como presunto jefe de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
El Tribunal de Apelaciones con los votos de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificó también los procesamientos de otros 18 acusados y dio por probada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Además consideró acreditado que hubo “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” en la compra de medicamentos de alto costo para sectores vulnerables con “pago de sobornos a funcionarios” entre ellos el propio Spagnuolo. Esa fue la base de la acusación del fiscal que lleva el caso, Franco Picardi.
Spagnuolo fue designado en ANDIS en diciembre de 2023 por decreto del presidente Javier Milei y lo echaron en agosto de 2025, jaqueado por el escándalo de la difusión periodística de audios donde hablaba de un esquema de coimas entre laboratorios y la Agencia que llegarían a altos funcionarios del Gobierno nacional.
Al respecto, los camaristas rechazaron nuevos planteos de nulidad de la causa en base a la presunta ilegalidad de esos audios que dieron origen a la investigación porque, remarcaron, se ordenó y está en marcha ya una pericia al respecto.
Los procesamientos fueron resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello en febrero pasado ya que la causa tramita en el juzgado federal 11 que está vacante y ahora es subrogado por Ariel Lijo, quien quedó a cargo de la investigación.
Se investigan direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia judicial se produjo tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un esquema de pago de “retornos” dentro del organismo.
Cómo fue la maniobra
Los camaristas dieron por probado que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en la Agencia Nacional de Discapacidad “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.
Para ello, en concreto, usaron un sistema de compras conocido como SIIPFIS “que habría sido manipulado de modo de resultar invitadas a cotizar sólo las droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los miembros de la organización delictiva”. Además hubo simulación de competencia entre droguerías, cuyos integrantes conocían de antemano quien sería el ganador y usaban oferentes “pantalla”.
Se tejieron vínculos entre privados y funcionarios y las fechas de las licitaciones, cotizaciones y pagos se definían “por fuera de los mecanismos legítimos otorgándoseles a personas ajenas a la administración pública un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.
Una misma droga, en igual presentación y marca, en compras ‘grandes’ fue cotizada y adjudicada por un precio unitario de $21.000.000 en los meses de abril y mayo y $25.012.000 en el mes de julio de 2025, remarcaron los jueces para dar un ejemplo de los sobreprecios.
Spagnuolo tenía todo “frente a sus ojos”
Spagnuolo no se limitaba a validar y acompañar “todo el proceso que transcurría frente a sus ojos”. Además, tuvo una intervención “activa” para lograr concretar los planes delictivos y proporcionó las herramientas que tenía gracias a su cargo. Para ello también estaba otro de los procesados, Daniel Garbellini, designado en ANDIS en su gestión y articulador de “las finalidades ilícitas del grupo investigado”.
Se recordó el intercambio de mensajes del estilo “Con esta droguería no se va a trabajar más” o “Las que no son de las nuestras demorale la firma”.
Otro de los acusados, el lobista Miguel Calvete tuvo un “rol preponderante” a la hora de manejar los contactos con droguerías y funcionarios del ANDIS, remarcó el fallo.
La investigación está en la actualidad a cargo del juez Lijo, quien debe decidir la situación procesal de una nueva tanda de indagados. En tanto para mañana miércoles se espera la declaración como testigo desde Bolivia de Nadia Beller, la abogada ex amante de Fernando Cerimedo, quien sobrevivió a un ataque a balazos en ese país. Por el hecho está preso el ex consultor libertario argentino. La mujer declarará por videoconferencia ante el fiscal Picardi luego de haber dicho tener pruebas sobre quién filtró a la prensa los audios de Spagnuolo.
Los acusados
Entre los 19 acusados está también la ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, a quien se secuestraron casi USD 700.000 en su departamento. Según su declaración, los fajos de billetes encontrados en un allanamiento eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel Angel Calvete.
- Diego Spagnuolo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).
- Daniel Garbellini: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).
- Miguel Ángel Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).
- Pablo Atchabahian: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Diego Martín D’ Giano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Roger Edgar Grant: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Eduardo Nelio González: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Lorena Vanesa Di Giorno: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Andrés Horacio Arnaudo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Silvana Vanina Escudero: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Alejandro Gastón Fuentes Acosta: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Patricio Gustavo Rama: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Federico Maximiliano Santich: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Guadalupe Ariana Muñoz: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Julio Cesar Viera: cohecho (art. 258) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Ornella Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Patricia Liliana Canavesio: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Ruth Noemí Lozano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
- Luciana Ferrari: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).
(Infobae)
