Un sondeo de opinión, realizado durante este mes por las consultoras D’Alessio-Irol y Berenztein, relevó que siete de cada diez argentinos están en contra de usar el lenguaje inclusivo.
La encuesta realizada en junio arrojó que un 70% de los 600 relevados de manera online se opone al lenguaje inclusivo, mientras que un 23% se posiciona a favor de su uso y un 7% evitó contestar el cuestionario.
A su vez, el relevamiento de las consultoras D’Alessio-Irol y Berenztein mostró que el 43% de los encuestados se encuentra a favor de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La decisión adoptada a inicios de junio por el Gobierno porteño para “reforzar el aprendizaje” disparó no sólo las críticas de las autoridades bonaerenses, entre ellos el gobernador Axel Kicillof, sino también de los sindicatos docentes.
La nueva norma que prohibe el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas sostiene que las reglas de la Real Academia Española (RAE) brindan diversas opciones para comunicarse de manera inclusiva.
Es así que, para el Gobierno de CABA, la lengua debe ser enseñada en los establecimientos educativos “sin necesidad de tergiversarla, ni de agregar mayor complejidad a la comprensión y fluidez lectora”.
Si bien, los datos que arrojan las encuestadoras privadas mostraron que un 43% de los relevados sostienen que la prohibición del lenguaje inclusivo es “una preocupación genuina por el aprendizaje”, existieron también otras posturas respecto a este tema.
Según el sondeo de opinión realizado por las consultoras D’Alessio-Irol y Berenztein, un 27% de los 600 encuestados consideró que prohibir el lenguaje inclusivo “es una postura política”.
En tanto, un 15% opinó que “es una medida contra la ideologización del lenguaje” un 13% consideró que “es un freno a la inclusión de las diversidades”; y un 2% prefirió no continuar con el relevamiento.
Otro aspecto que también abordó la encuesta realizada durante este mes por las consultoras D’Alessio-Irol y Berenztein fue el tema de la administración de los planes sociales.
La cuestión de la asistencia social se debatió mediáticamente la semana pasada, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pidiera quitarle a las organizaciones sociales la administración de los subsidios.
En este contexto, el sondeo de opinión de las consultoras privadas comunicó que un 93% de los relevados respondieron que la distribución de planes de sociales debería modificarse.
Al ser consultados sobre quién tendría que manejar la asistencia estatal, un 32% se mostró a favor de que lo hagan entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional; un 28% sostuvo que solo debería hacerse cargo el Poder Ejecutivo y un 13% se negó a responder.
Por otro lado, un 8% de los relevados dijo que los planes sociales deberían ser administrados por los municipios; otro 8% aseguró que no deberían existir; un 7% se inclinó a favor de los gobiernos provinciales; un 4% consideró que deberían ocuparse otras instituciones y los restantes se negaron a contestar. (Diputados BsAs)
