MADRID.- El Consejo de Ministros de España aprobó este martes la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que había sido anunciada hace tres semanas y que permitirá incorporar miles de extranjeros al mercado laboral.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, pretende facilitar a los empresarios la contratación de extranjeros en sus países de origen y abre nuevas vías para que los inmigrantes que ya vivan en España puedan regularizarse y trabajar. Escrivá, que desde el principio contó con el apoyo de la mayoría de los ministerios, defendió la reforma como una fórmula para aflorar la economía sumergida y paliar la falta de mano de obra en sectores clave para la economía, desde el transporte y la construcción, pasando por la hostelería o la digitalización. El Real Decreto que recogerá la reforma, se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en 20 días.
Escrivá ha evitado dar cifras sobre los extranjeros que pueden beneficiarse de la reforma, pero su impacto puede alcanzar a decenas de miles de personas, entre ellos muchos argentinos. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebraron la aprobación de la reforma como una forma de mejorar el modelo migratorio español que incentiva la economía sumergida y que mantenía modelos de contratación y de regularización rígidos e infrautilizados.
La medida contempla un abanico de pequeñas modificaciones técnicas que harán algo más fácil emprender, reagrupar a familiares o regularizarse cuando se está trabajando en la clandestinidad, pero trae, sobre todo, novedades importantes en tres ámbitos clave para avanzar en un cambio de la política migratoria.
En primer lugar, la reforma tiene como prioridad ampliar y mejorar la contratación de extranjeros en origen, especialmente la contratación colectiva, limitada hasta ahora a trabajos temporarios. A partir de la aprobación del texto, se ofrecerá a estos trabajadores una autorización de trabajo de cuatro años que les permitirá emplearse nueve meses por cada ejercicio. Si los trabajadores vuelven a sus países en cada final de temporada, se los premiará con una autorización de residencia y trabajo de dos años, prorrogables, con la que podrán vivir y trabajar en España por cuenta ajena y propia. Cambia también el modelo de contratación de profesionales desde sus países que en España está determinado por un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que no responde a la realidad. Según esta lista, el país, básicamente, solo necesita personal de buque y entrenadores y deportistas de élite. El nuevo reglamento implica cambiar la manera en la que se elabora este catálogo, actualizarlo cada tres meses, reducir plazos y flexibilizar la contratación en sectores que determinará, según la coyuntura, el Ministerio de Asuntos Económicos.
Los cerca de 50.000 estudiantes de países de fuera de la UE que cada año se matriculan en España serán otro de los colectivos más beneficiados con esta reforma. Hasta ahora, los estudiantes extranjeros tenían limitada la posibilidad de compaginar su formación con un empleo o quedarse en España tras acabar sus estudios. Ya no será así y se permitirá que trabajen hasta 30 horas semanales y será mucho más fácil que permanezcan en el país para trabajar al terminar su formación.
Vía para obtener los papeles
La tercera gran novedad consiste en crear una figura legal para que inmigrantes que lleven en situación irregular en España al menos dos años tengan una vía para obtener sus papeles. Se trata del arraigo por formación con el que se ofrecerá una autorización de residencia para formarse en ocupaciones en las que se necesita mano de obra y que, posteriormente, permitirá trabajar si el extranjero consigue un contrato de trabajo.
La reforma salió adelante a pesar de algunos reparos técnicos del Ministerio de Política Territorial, que teme una saturación de las oficinas de Extranjería, y del Ministerio del Interior, siempre reticente a flexibilizar las normas que rigen la vida de los extranjeros. Interior, una vez más, llegó a alegar que la reforma podría provocar un efecto llamada y que las mafias utilizarían su contenido para vender España como destino de la inmigración irregular.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska también apuntó que la reforma sería difícil de explicar a los socios europeos y a los vecinos africanos del sur, a quienes se les pide “permanentemente” que luchen “con más energía” contra la inmigración irregular. En su dictamen, el Consejo de Estado zanjó así las “serias” objeciones de Interior: Son “cuestiones de oportunidad política, no de legalidad”. (El País)
