Uno de los debates recurrentes en la agenda local es el de subir o no la edad de jubilación, de modo de hacer más sostenible el sistema previsional, sobre todo de cara a un horizonte con un promedio de vida más largo y una tasa de natalidad más baja. Es una discusión que se da en todo el mundo, pero en la Argentina suele excluirse un elemento particular, clave para explicar los problemas de solvencia del sistema. Gran parte de los trabajadores y trabajadoras no aportan a la seguridad social y –aunque en los últimos años se han jubilado muchos vía moratoria– tampoco se sirven masivamente de los derechos que otorga. Es el universo de los informales, que no para de crecer y alcanzó en el segundo trimestre de 2022 una cifra récord.
En la Argentina hay 5,4 millones de trabajadores asalariados informales, según un informe publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde el inicio de la serie, en 2016, nunca se había anotado un número tan grande y un repaso por el excel oficial evidencia el enorme crecimiento de este segmento laboral.
En el segundo trimestre de 2016 había 4,6 millones de asalariados informales, número que superó la barrera de los 5 millones a fines de 2019 y luego se desplomó por la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 se contaban apenas 3,1 millones, lo que refleja que la crisis sanitaria impactó de lleno en aquellos trabajadores sin protección de la ley; se quedaron sin ocupación casi 2 millones de personas en unos pocos meses.
A partir de ese momento de mayor parálisis, el empleo asalariado “en negro” empezó a crecer, lo que muestra que así como es lo primero que sufre, también es el segmento más dinámico, el que más rápido reacciona a la recuperación de la actividad. Así fue como llegó al segundo trimestre de 2022 con 5,4 millones de personas, el mayor registro de la serie. En total, el incremento entre 2020 y 2022 fue de 74% y de 17,4% en toda la serie (2016-2022).
Totalmente distinto es el derrotero de los puestos de trabajo asalariados registrados. Si se excluye de la cuenta al sector público, el número casi no varió a lo largo de toda la serie. En el segundo trimestre de 2016 eran 7,1 millones de trabajadores y el mismo trimestre de 2022, cuatro años después, eran 7,2 millones. Son 40.000 puestos más, apenas un incremento del 0,6%.
El total de puestos de trabajo asalariados actual es de 16,2 millones. De ese número, el 67% son formales (10,8 millones) y el otro 33% (5,4 millones) no están registrados. Si se compara con el mismo período del año anterior, el crecimiento de los registrados es de apenas 3,5%, mientras que el de los no registrados marca un alza de 20,2%.
El sector con mayor cantidad de asalariados sin registrar es, por lejos, el del trabajo en casas particulares. Esa es una de las razones que explican que las “empleadas domésticas” hayan estado en el primer frente de la crisis durante la pandemia. Sobre 1,5 millones de puestos, 1 millón no están registradas, lo que equivale casi al 70%.
Una situación similar sufren los trabajadores rurales (sobre 833.000 asalariados, el 59,4% son informales); los trabajadores de la construcción (60% de informalidad) y los de servicios sociales y salud privados (51,9%).
La información del Indec, que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestra que en el último tiempo crecieron también los puestos de trabajo no asalariados. Es decir, los cuentapropistas. Actualmente son casi 5,4 millones y desde el inicio de la serie crecieron 20%: más que los asalariados no registrados y que los informales.
Parte de esa informalidad en el cuentapropismo se explica por la economía popular, esas personas que “se inventan” su propio trabajo: cartoneros, recicladores, feriantes, peluqueros, pescadores artesanales, vendedores ambulantes, cocineros de comedores comunitarios. Son 3,5 millones según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que empezó a construirse a mediados de 2020 e intenta trazar el mapa de esa economía sumergida. (ElDiarioAr)
