En una decisión dividida, la Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del celular del diputado del PRO Gerardo Milman, en el marco de la investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrida hace casi un año.
El fallo dispone en análisis de los teléfonos desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023 y acotado sólo a los hechos que tengan que ver con esta investigación.
El material será puesto exclusivamente a disposición de la jueza María Eugenia Capuchetti. La decisión no parece ser de fácil cumplimiento: si el legislador elige no entregar su celular, la Cámara de Diputados debería activar un proceso de desafuero para poder acceder a las comunicaciones del legislador, indicaron fuentes judiciales.
Para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el intento de asesinato se trata de una causa de gravedad institucional y no debe quedar ninguna arista sin profundizar para descartar “toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.
“Ya hemos dicho que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hecho”, afirmaron en el fallo al que accedió el medio Infobae.
El juez Mariano Llorens sostuvo que la llamada pista Casablanca no ha dado ningún resultado hasta ahora y por lo tanto no se justifica avanzar sobre la privacidad ningún indicio viable.
El pedido había sido motorizado por el fiscal Carlos Rívolo, luego de una nueva declaración de una asesora del diputado que contó cómo le habían borrado el teléfono y cómo habrían manipulado el del legislador. A raíz de ello, la fiscalía motorizó el análisis del celular de Milman, aunque formalmente para la fiscalía no estaba imputado. No obstante, el legislador decidió presentarse con un abogado defensor y pidió que el celular no se secuestrara porque era “una excursión de pesca”. Los abogados de CFK, en tanto, reclamaron su secuestro.
Todo se basa en la hipótesis que se abrió con la declaración de Jorge Abello, un asesor legislativo del diputado del Frente Todos Marcos Cleri que se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 17 horas del viernes 23 de septiembre. El atentado había sido en la noche del 1 de septiembre.
Abello aseguró que el 30 de agosto había ido a una reunión en el anexo de Diputados y que terminó almorzando, junto a su cuñado, ajeno a la política, en el restaurant Casablanca, en la esquina del Congreso. Allí diijo que vio a Gerardo Milman “con dos chicas muy bonitas, jóvenes y muy bien vestidas”. Eran Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Afirmó que aunque estaban a dos metros de distancia lo escuchó decir: ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’.” Según dijo, le mandó este mensaje a su jefe.
La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo buscaron las cámaras de la Ciudad para saber si Milman estuvo alli y confirmaron que había estado e identificaron a las dos colaboradoras del diputado del PRO, a las que llevaron a declarar. Las mujeres dijeron que nunca oyeron a su jefe decir esa frase.
En esa declaración, la querella pidió a la jueza que les secuestrara los teléfonos a las mujeres. La jueza entendió que ese pedido no estaba fundado. Eso quebró definitivamente el vínculo entre la magistrada y Cristina Kirchner, que por redes sociales acusó a la jueza de obstruir la investigación y reclamó su recusación, hasta ahora siempre rechazada.
A fines de noviembre, la Cámara Federal ordenó una serie de medidas que se deberán profundizar para esclarecer la pista Casablanca: dispuso que vuelva a declarar Abello y también dos diputados del Frente de Todos para saber qué sabían de esa hipótesis: Marcos Cleri; y otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos Mario Leito.
A Abello lo citaron pero se informó que había tenido un ACV el día que debía presentarse. Hasta ahora nunca volvió a declarar. Leito declaró desde Qatar vía zoom cuando se jugaba el Mundial y dijo que no escucho nada. Según la declaración a la que accedió Infobae, Cleri, en tanto, confirmó haber recibido el mensaje de su asesor por esas horas y afirmó que se lo reportó una semana más tarde al diputado Rodolfo Tailhade y al equipo jurídico de la vicepresidenta. Fue el 7 de septiembre. Cuando le preguntaron si no consideró la urgencia y la importancia del mensaje para informaron a la justicia, el testigo respondió que confió en que Abello se presentara a la Justicia.
Apenas se conoció la versión dada por Abello, Milman presentó un escrito en la causa de Capuchetti para desmentirlo: “jamás hice una afirmación como la que el ‘Testigo’ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quién sabe con qué inconfesados fines políticos” y lo denunció por falso testimonio en otro juzgado.
Lo cierto es que el 1 de diciembre, tras el fallo de la Cámara Federal, las asesoras entregaron sus teléfonos celulares y sus claves, como quería la querella de Cristina Kirchner. Gómez Monaco aclaró que cambió el aparato del teléfono, aunque explicó que el anterior lo tenía una hermana suya y podía aportarlo; Bohdziewicz reconoció que había borrado las fotos después de asesorarse: temía que se filtraran fotos íntimas suyas. “Quiero aclarar que las borré. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono. Para eso me asesoré”, dijo.
Pero a inicios de mayo, Bohdziewicz se presentó con un abogado en tribunales. Pedía declarar. Al hablar ante la fiscal Alejandra Mangano, que por esas horas reemplazaba a Rívolo, la mujer afirmó que se había quedado sin trabajo desde enero, que se sentía presionada por su ex amiga y que quería contar que el teléfono había sido borrado en unas oficinas de Patricia Bullrich en la Avenida de Mayo, en una reunión en la que estaban Milman, Gómez Mónaco y un asesor tecnológico.
“Yo estaba preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos. Entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”, aseguró Bohdziewicz.
En rigor, la mujer insistió en que no se había hablado del atentado porque ella no sabía nada de eso. También dijo que el supuesto perito que borró el teléfono lo había hecho mal porque apenas consiguió un nuevo equipo y puso el chip le apareció todo lo que había borrado. Para esa altura, la PSA ya había recuperado todo el material y ya lo estaba analizando.
También dijo que su examiga tenía una linea que no había declarado. La justicia ordenó en un procedimiento secuestrarle el teléfono.
El fiscal, entonces, no solo mandó a juicio oral a los tres detenidos en la causa: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados del intento de asesinato; y a Nicolás Carrizo, jefe de los copitos y señalado como un partícipe secundario.
Allí el fiscal descartó que los copitos hayan tenido financiamiento para llevar adelante su plan, que ideaban desde el 20 de abril. Pero también ordenó profundizar la investigación que tiene en sus manos y reclamó el secuestro del celular de Milman.
“En virtud de lo declarado, y teniendo en cuenta que existía la sospecha de que el Diputado Nacional Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el objeto de borrar o intentar borrar información que podría ser de interés para la presente investigación, era que correspondía incoar la medida de secuestro” de su celular, señaló la fiscalía. La jueza lo rechazó. Esto es lo que revisó ahora la Cámara Federal.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi subrayaron “la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación” y frente a eso señalaron que “no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”.
“Estamos ante un hecho histórico sobre el que ninguna duda debe quedar pendiente de dilucidación y, en la medida que exista una sospecha y una posibilidad de progreso en la averiguación de la verdad, las diligencias probatorias no deben restringirse, siempre en consonancia con el respeto a los derechos y garantías que el proceso requiere”, afirmaron los jueces.
Para Bruglia y Bertuzzi, “el secuestro del aparato celular del Diputado Milman encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.
Sin embargo, los jueces advirtieron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023- y enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.
“Para ello, se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”, sostuvo la resolución.
Los magistrados también hicieron lugar al pedido de la querella para que el análisis del celular de Carolina Gómez Mónaco, secretaria de Milman, se extienda al mismo período.
Por su parte, en sintonía con lo que ya había votado cuando se discutió la apertura de los celulares de las secretarias de Milman, el juez Llorens respaldó el criterio de Capuchetti y afirmó que no había razones para avanzar. “Si los peritajes efectuados a los celulares de Bohdzewicz y Gómez Mónaco no han arrojado ningún valor probatorio, cabe preguntarse cuál sería el fundamento como para continuar por esa misma senda. En ese sentido, solo puedo coincidir con la Juez de grado en cuanto a que el cuadro probatorio con el que se cuenta, no permite superar los tamices de necesidad, adecuación y proporcionalidad demarcados por la CSJN, que operan como principios rectores para decidir sobre la procedencia de una injerencia del tenor de las solicitadas”.
Llorens aclaró: “No pierdo de vista la gravedad del delito investigado, y sus consecuencias institucionales, como muchas veces hemos destacado desde esta Sala. Pero ello, no puede -por si solo- justificar una invasión a la privacidad que carece de apoyo probatorio y solo encuentra respaldo en una hipótesis que carece de sustento formal. Es por lo dicho que, de momento, voto por homologar la resolución traída a estudio en cuanto no hace lugar al secuestro del celular del Diputado Nacional Gerardo Milman ni a la ampliación del plazo solicitado. Ello, sin perjuicio de que se pueda volver a plantear la cuestión con el devenir de la investigación, en caso de que se arrimen a las actuaciones pruebas serias y adecuadas para acreditar las diversas versiones propuestas por las partes”. (Infobae/DdR)
