Apoco más de 13 años desde que se rescataran con vida los 33 mineros de Chile en aquel 22 de agosto de 2010, luego de 68 días de estar atrapados en la mina San José, a 720 metros de profundidad, se resolvió que el Estado chileno deberá pagar casi un millón y medio de dólares a 31 de los 33 mineros.
Es que la Corte Suprema rechazó el recurso que había presentado el Consejo de Defensa del Estado (CDE), mientras que los mineros afectados reclamaban que había una falta de servicio de las instituciones estatales a cargo de la fiscalización de los yacimientos del país, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo.
De esta manera, cada minero que demandó al estado chileno recibirá una suma cercana a los 46 mil dólares que, según el testimonio de los protagonistas, buscará cerrar el capítulo de un accidente que recorrió el mundo durante semanas y por suerte terminó sin víctimas fatales.
Incluso, según publicó el diario El Mercurio, muchos de los mineros ya habían perdido la esperanza de que el Estado les pagara por su reclamo, y muchos decían que la plata para ellos era un punto secundario, ya que querían que se reconociera la falla de los organismos públicos.
Qué dijeron los mineros sobre el juicio al Estado de Chile
Por ejemplo, en ese medio local, se detalla el caso de Omar Reygadas, quien junto a el ex futbolista Franklin Lobos, que también quedó atrapado en la mina San José, hoy trabajan en una empresa que se dedica al alquiler de vehículos. «Eso ya se lo había dado a dios nomás», dijo al ser consultado por la indemnización.
Otro caso es el de Johnny Barrios, afectado por silicosis, a consecuencia de todo el tiempo en que se desempeñó en minería y la exposición al polvo, quien hoy se desempeña como conductor de maquinaria pesada en la municipalidad de Copiapó, confiesa que con el dinero pretende renovar su camioneta y el resto dejarlo para proyectos familiares.
También está José Ojeda, el hombre que escribió el famoso mensaje «Estamos bien en el refugio los 33», 12 días después del accidente. Ojeda contó que tiene diabetes, más problemas al corazón y alzhéimer, y precisó que «en 2018 nos iban a pagar 80 millones de pesos (93 mil dólares) y los abogados (del CDE) apelaron al fallo de primera instancia y ahí nos bajaron. Acá no se hizo justicia, se hizo solamente para cerrar el caso».
Por su parte, Raúl Bustos y Juan Illanes son los dos mineros que no se sumaron a la querella. Tiempo atrás, Illanes explicó que a su juicio quienes debían indemnizar a los mineros eran los dueños de la minera, y no el Estado. Bustos, en tanto, había dicho que él ya había dado vuelta la página. «Estoy en otra parada», afirmó.
Luis Urzúa, quien era el jefe del turno al momento del accidente, hoy está dedicado a dictar conferencias sobre seguridad laboral. Para él, la entrega de la indemnización significa el cierre de un ciclo. «Está marcando un precedente para la minería en Chile. Para mí no era tan importante la plata, sino que había que cerrar este ciclo«, afirmó.
Según confió el abogado Jorge Ríos, quien representa a los mineros que demandaron al estado chileno, el pago de estos montos no debería extenderse más allá de dos a cuatro meses.
El accidente de la mina San José, actualmente cerrada, y que se encuentra cerca de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago, se produjo el 5 de agosto de 2010, cuando una roca del porte de un edificio se desprendió bloqueando el ingreso de la mina. Los mineros debieron sobrevivir bajo tierra hasta el 13 de octubre de ese año, cuando fueron rescatados, uno por uno, a través de la famosa cápsula Fénix. (Perfil)
