Tras semanas de análisis, modificaciones y correcciones, este miércoles, Javier Milei hará este miércoles una cadena nacional para explicar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que contempla la desregulación de distintas áreas de la economía.
Uno de los principales puntos del DNU tiene que ver con las empresas del Estado: todas las compañías se unificarán detrás el tipo jurídico “sociedades anónimas”.
En el Gobierno señalan que la decisión no significa privatizar a las compañías del Estado, pero especialistas en derecho administrativo y societario, explican que la decisión de convertirlas en sociedades anónimas podría considerarse como un “paso previo” a ese objetivo.
“Con este cambio se busca quitar cuestiones de la órbita del Estado. Que eventualmente pase a los privados se puede entender como un paso previo”, le dijo un especialista en el tema.
El DNU tendrá una extensión y una profundidad sin precedentes. Fue elaborado en el más absoluto silencio y durante varios meses por un equipo a cargo de Federico Sturzenegger, con la ayuda de varios administrativistas y estudios jurídicos.
El documento, de aproximadamente 250 páginas, pretende transformar todos los aspectos económicos y aspira a convertirse en un nuevo pacto social sin la necesidad de pasar por el Congreso: así, el Ejecutivo saltearía la comisión bicameral del Parlamento.
La desregulación supone la reducción o supresión de reglamentos específicos gubernamentales que pesan sobre los agentes económicos, incluyendo la eliminación de regulaciones que, según los preceptos libertarios, impiden el desarrollo del sector privado.
Además de la transformación de las sociedades del Estado en sociedades anónimas, se destaca la reforma de las leyes de empleo público y de comunicación audiovisual, el régimen de obras sociales y hasta los contratos de alquiler. En este punto, las partes podrán pactar los contratos en cualquier moneda extranjera y se prohíbe expresamente a los jueces que conviertan el precio a pesos.
La iniciativa apunta además a ponerle fin al control y regulación de precios de bienes de consumo, sin descuidar la defensa del consumidor; liberar las importaciones y que solo deban registrarse a los fines estadísticos; así como eliminar los cupos de exportaciones en distintas actividades, como la petrolera. En análisis, aparecen productos ligados a la canasta básica, como la carne, los lácteos y la harina, dada la crisis económica y social imperante.
Con este DNU, el Gobierno busca complementar las “reformas estructurales” que incluirá el envío al Congreso de una ley ómnibus con modificaciones en distintos aspectos económicos.
En cuanto se publique, el decreto entrará plenamente en vigencia. Si bien la oposición en el Congreso no será un obstáculo en este punto, los libertarios igualmente descuentan que deberán lidiar con cientos de impugnaciones judiciales. (TN)
