Se conoció una nueva resolución del Gobierno nacional con los recortes que se aplicarán en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Publicada en el Boletín Oficial con el título de “Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos”, comprendida en la emergencia pública que se enumeró en el mega DNU 70, incluye la baja de todos los contratos que se vencen el 31 de marzo de este año, la suspensión en el pago de horas extras, de aportes económicos y aportes institucionales, la quita de apoyo económico a las provincias, eliminar los adicionales en concepto de Seguridad en todos los edificios del Instituto y también suspender los viajes del personal, los gastos de telefonía celular, la compra de comida y el pago de traslados al personal.
En una reunión que habían mantenido el martes de la semana pasada los delegados gremiales del INCAA con el director designado por el gobierno, Carlos Luis Pirovano, les habían comunicado que no se reincorporaría a la gente ya despedida -unos 90 trabajadores estables y más de 80 que eran tutores de los proyectos presentados- que habría nuevos despidos, que se iba a cerrar la plataforma digital y audiovisual Cine.ar, que se iba a clausurar y a poner en venta el cine Gaumont – se encuentra a unos 200 metros del Congreso de la Nación- y que se iban a desfinanciar festivales como el de Mar del Plata.
Pirovano es un economista ligado al PRO y a uno de los principales asesores del presidente Javíer Milei, Federico Sturzenegger. No tiene experiencia en el mundo del cine pero fue designado allí para establecer un plan de ajuste y racionalización de gastos, algo similar a lo que ocurrió en otras dependencias estatales.
El INCAA depende de la Secretaría de Cultura que conduce Leonardo Cifelli, que depende del ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Posee 645 empleados y unos 500 son de planta permanente. Sus actividades se financian a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, que incluye impuestos a la cultura: uno es el 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos en todo el país, otro es el 10% sobre el precio de venta o locación de videogramas grabados y además, recibe un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual.
Así como ocurrió en otros organismos que el Gobierno pretende sanear y achicar sus gastos, como el SENASA y la agencia estatal de noticias, Télam, por citar dos ejemplos, en el Instituto del Cine analizan implementar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de concursos y reestructuración de algunos sectores. (Infobae)
