Entre enero y julio los giros no automáticos (por fuera de la coparticipación) quedaron casi $ 2 billones por debajo del mismo lapso del 2023. Los números le dan la razón a uno de los planteos que ayer le hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Los mandatarios hicieron más enérgicos sus reclamos acerca de que los fondos comprometidos siguen sin llegar, a los que agregaron las observaciones sobre los problemas de gestión que demoran determinadas soluciones. Reiteraron que no ven para los “dialoguistas” que colaboran con la gestión libertaria un trato diferencial.
En los primeros siete meses del año, los recursos totales enviados por la Nación a las provincias (coparticipación, leyes especiales y transferencias no automáticas) son unos $ 5,2 billones menos que el año pasado, según datos de Politikon Chaco. En el caso de la coparticipación, la baja real acumulada es del 13,1 % en los primeros siete meses del año. Los giros por fuera se derrumbaron un 90 % promedio.
Por ejemplo, desde la asunción de Javier Milei no se transfirió ni un peso a las cajas de jubilación no transferidas, punto que integró la hoja de reclamos de los gobernadores. Son 13 en total.
La explicación que dio Francos en marzo, cuando se publicó el decreto que anuló esas transferencias, fue que había auditorías en marcha. Entonces prometió que se eliminaría ese decreto. Ni se anuló ni se reinició el pago.
Hace cuatro meses se barajó la posibilidad de emitir un bono para cancelar la deuda acumulada y retomar los giros, pero no se avanzó con nada. Entre Ríos ya fue a la Corte Suprema de Justicia, donde también Córdoba tiene presentada una demanda.
Una situación similar se da con la deuda acumulada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el recorte de la coparticipación. El acuerdo al que llegaron Jorge Macri y Luis Caputo para que los giros equivalgan al 2,95 % y no al 1,4 % se empezaría a cumplir los próximos días, pero para el retroactivo seguramente la solución será un bono.
El mes pasado las transferencias no automáticas de la Casa Rosada a las provincias registraron un diferencial: las devengadas fueron las más bajas en siete meses y las pagadas aunque siguen cayendo por arriba del 80 %, fueron las más altas.
Sobre el freno a la obra pública, otro punto de la agenda de los gobernadores, si bien se avanzó con el traspaso de proyectos, ese proceso no está acompañado de recursos. Desde que asumió la actual gestión, acumula alrededor de $ 1 billón de fondos derivados del impuesto a los combustibles y del impuesto PAIS que no los está ejecutando y que no puede destinar a otros fines.
El otro aspecto por resolver es quién se hará cargo de la deuda acumulada. Economía dijo a este diario que “se conversará en cada caso”. Para reiniciar los trabajos se requieren cambios contractuales que, en algunos casos, deben ser autorizados por las legislaturas.
En los casos en que los fondos eran nacionales pero los contratos fueron firmados por las provincias, el responsable directo de la deuda termina siendo el gobernador. Esos puntos no están dilucidados. (La Nación)
