En el marco de la profundización del proceso de reducción del gasto público, el Gobierno de Javier Milei eliminó el «Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social», junto con varias dependencias. Este tenía como objetivo ayudar a personas o grupos asociativos de bajos recursos a organizar la gestión del autoempleo.
La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial a través del Decreto 1094/2024. La medida establece la disolución del programa social y de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa, que funcionaba bajo la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.
En esa misma línea, el Ejecutivo dispuso también la disolución del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
Nuevos recortes: por qué el Gobierno eliminó el programa social
En los considerandos de la medida, el Gobierno se refirió al monto destinado al Programa. «Desde 2006 se han pagado expedientes por un total de $ 3.341.517.790, destinados a la capitalización de las Instituciones de Microcrédito«, se detalla en la normativa.
«Sin embargo, a septiembre de 2024 se registra una cartera activa de $ 751.240.653, aclaran. Además, explicaron que «el monto actual de la cartera refleja una pérdida de los fondos totales entregados históricamente«.
En ese sentido, consideraron que esta situación evidencia «una deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional», algo que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos».
Otro de los argumentos apunta a que, desde la creación, no se habían realizado evaluaciones formales «ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos en los emprendedores de la economía social».
«No ha alcanzado sus objetivos, dado que no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone, lo cual refleja una falta de control y supervisión efectiva en la ejecución del Programa», remarca el texto oficial.
«Sobredimensionamiento»
En referencia a la comisión, el Gobierno argumentó que «presenta un sobredimensionamiento» en relación con las necesidades actuales del Programa, «con una estructura y funciones que exceden los requerimientos operativos y de gestión necesarios para el cumplimiento de sus objetivos».
La justificación principal, de acuerdo con lo indicado, refiere a una «ineficiencia económica«.
En cuanto al personal de planta permanente que formaba parte de los programas eliminados, pasaron a situación de disponibilidad.
