La pérdida y el desperdicio de alimentos es una de las mayores paradojas que enfrenta un mundo que no ha logrado erradicar el hambre, y en el que los problemas de nutrición (incluyendo la obesidad) crecen exponencialmente. Según cifras de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), un tercio de la producción global de alimentos se pierde o se desperdicia, lo que equivale a 1300 millones de toneladas al año.
En Argentina, de acuerdo a datos del exministerio (hoy secretaría) de Agricultura, se tiran sin ser consumidas 16 millones de toneladas de alimentos por año (un kilo de comida diario por habitante). Un tercio corresponde a pérdidas durante la cosecha y poscosecha, otro tercio durante la elaboración, comercialización y transporte, y otro tanto se desperdicia en los hogares.
Tirar comida tiene consecuencias ambientales, sanitarias, sociales y económicas. No sólo por la contaminación y problemas de salubridad que generan los residuos orgánicos, sino por la enorme cantidad de recursos (agua para el riego, energía para el transporte y almacenamiento) que se pierden con cada kilo de alimentos que van a la basura.
Hay varios factores que contribuyen a este desperdicio. Uno de ellos es la falta de eficiencia en las cadenas de suministro, como la pérdida de las cadenas de frío. Otras cuestiones tienen que ver con estándares estéticos que hacen desechar frutas y verduras aptas para el consumo pero que no cumplen con criterios de tamaño o color.
Comercios como fruterías y verdulerías son un punto clave de este sinsentido. Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA junto al Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad y la Fundación Sustentar, detectó que estos locales descartan en promedio unos 22 kilos de residuos orgánicos por día.
La falta de planificación en las compras cotidianas y el desconocimiento sobre cómo conservar y aprovechar integralmente estos alimentos también contribuyen a esta situación.
¿Cómo se revierte esta situación?
Se necesitan políticas y regulaciones que promuevan prácticas alimentarias sostenibles en todos los niveles, desde la producción hasta el consumo, incluidas iniciativas para redistribuir alimentos no vendidos a quienes los necesitan.
En 2021, el Mercado Central de Buenos Aires implementó un Programa de Reducción de Pérdidas y Desperdicios y Valorización de Alimentos, que evitó tirar aproximadamente 8.578 toneladas de alimentos hasta diciembre de 2023. Esto representó un 47,67% de los residuos orgánicos generados, equivalentes a 390 camiones de 22 toneladas que no fueron al CEAMSE.
La iniciativa permitió entregar más de 10 millones de raciones diarias de frutas y verduras a 500 comedores comunitarios. También se recuperaron alimentos frescos para el comedor de los trabajadores del Mercado Central y se construyó un patio de compostaje, donde 4 millones de kilos de residuos orgánicos fueron transformados en compost (abono natural) para las producciones.
En la ciudad de Rosario, el municipio implementó una iniciativa de “Outlets de frutas y verduras” que dispone que las verdulerías cuenten con un espacio con alimentos aptos para su consumo en su última etapa de comercialización a un precio menor. El primer paso en esta campaña fue informar y concientizar a los comerciantes para evitar el desperdicio, y luego proveerles cartelería para señalizar el sector de ofertas. A partir de esta sencilla acción, se logró reducir hasta en un 50% el desperdicio diario de comida en los locales participantes.
Otra iniciativa exitosa en este sentido es la de la Red de Bancos de Alimentos, una ONG que se conformó en Argentina a partir de la crisis de 2001. Hoy cuenta con 25 filiales en todo el país que reciben y redistribuyen alimentos donados por empresas y organizaciones.
Según estimaciones de esta entidad, rescatando el 10% de la comida que se desecha, se podría alimentar a 5 millones de personas que no tienen asegurado un plato de comida diario.
A fines de 2018, el Congreso argentino aprobó una importante modificación en la Ley para la Donación de Alimentos (Ley Donal), que se había sancionado en 2004 pero nunca tuvo implementación plena. Puntualmente, se restituyó un artículo que deslinda a las empresas donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse “a posteriori”, siempre y cuando los alimentos estén en condiciones de consumo al momento de ser donados.
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