En un hecho que generó repudio y controversia, el Gobierno nacional pidió disculpas públicas tras la difusión de un documento oficial en el que se utilizaban términos como «idiotas» y «débiles mentales» para referirse a personas con discapacidad.
La polémica se originó a partir de la publicación de un baremo médico elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que se establecían criterios para medir el grado de incapacidad laboral de las personas. En dicho documento, se utilizaban términos considerados obsoletos y estigmatizantes para referirse a diferentes grados de discapacidad intelectual.
Ante la repercusión negativa, el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ofreció disculpas públicas por Radio Rivadavia y reconoció que se trató de un «error grave y grosero». «Aprovecho para pedir sinceras disculpas públicas y sinceras disculpas para todo el mundo», expresó Spagnuolo, quien aclaró que el documento no reflejaba la postura del Gobierno y que se trataba de un error en la elaboración del baremo.
Spagnuolo explicó que el baremo fue elaborado por un equipo médico y que él desconocía los términos utilizados. «Cuando vi los términos pregunté concretamente: ¿Esto qué es? Me dijeron, no, son términos médicos, entendemos que está de virtuado, pero son términos médicos», relató el funcionario.
Auditorías de pensiones por invalidez
La ANDIS puso en marcha una auditoría que abarca más de un millón de pensiones por invalidez en todo el territorio argentino. La medida, se originó tras la detección de un fraude que, según estimaciones iniciales, superaría los 1.000 millones de dólares.
En ese sentido, Spagnuolo calificó el sistema como «absolutamente corrompido» y subrayó la necesidad de realizar auditorías presenciales para verificar la legitimidad de cada caso.
Entre las anomalías detectadas, resaltan pensiones otorgadas sin cumplir los requisitos legales, la intervención de gestores y punteros políticos que cobran sumas exorbitantes para agilizar trámites irregulares, la utilización indebida de beneficios adicionales como el programa Incluir Salud, y la existencia de prestaciones fraudulentas donde personas cobran pensiones mientras simulan estar internadas.
«Nosotros no recibimos un sistema informatizado de pensiones, no tenemos la información para poder administrar adecuadamente todo este sistema, y es enorme. Son un millón de pensiones», explicó Spagnuolo, justificando la necesidad de las auditorías presenciales.
La naturalización del fraude en algunas provincias, como Formosa, donde las personas hablan abiertamente de cobrar pensiones sin cumplir los requisitos, generó especial preocupación.
«Estimamos que el fraude es mínimo de 1.000 millones de dólares, mínimo de piso. Y en cierta medida los números que estamos viendo en la auditoría lo estarían ratificando», afirmó el director de la ANDIS.
(NA)
