Un informe elaborado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y por el grupo de estudio Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA, reveló que 63 personas en situación de calle murieron en lo que va de 2025, de las cuales 13 fallecieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El dato fue difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que remarcó la gravedad del panorama actual. “Este número dimensiona el problema habitacional que atraviesa no sólo la Ciudad, sino todo el país”, expresó Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS.
Estigmatización y violencia institucional
Miguens advirtió que “en los últimos dos años, se adoptó una política con un tinte punitivo, estigmatizante y discriminatorio”. En ese sentido, denunció que incluso hubo publicaciones en redes sociales del propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en las que se muestra el retiro forzado de personas que viven en la calle “bajo una lógica de ‘orden y limpieza’, como si fueran objetos”.
Según cifras del Ministerio Público de la Defensa porteño, las denuncias de violencia institucional contra personas sin techo aumentaron un 128% entre 2023 y 2025. En el relevamiento del CELS, que incluyó entrevistas a 11.892 personas censadas en CABA, los testimonios más frecuentes mencionaron hostigamiento por parte de las autoridades, pérdida de pertenencias y expulsiones forzadas de espacios públicos.
Críticas a los dispositivos de contención
Aunque se registró un aumento presupuestario en los paradores y alojamientos transitorios, Miguens remarcó que se trata de “un abordaje superficial”, ya que las situaciones de malos tratos y la sensación de violencia dentro de estos espacios son reiteradas. “Muchas veces los propios usuarios terminan siendo expulsados de estos lugares”, denunció.
El rol del Estado en retroceso
El CELS también cuestionó el reciente decreto del Gobierno nacional que desjerarquizó la ley específica para atender la situación de calle, transfiriendo responsabilidades a las provincias y eliminando el rol protagónico del Estado nacional. “En vez de fortalecer las políticas, se optó por debilitar el marco de contención”, subrayó la referente del organismo.
A esto se suma el intento de cierre del Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar las condiciones de vida en barrios populares, un fondo que el CELS busca preservar mediante una acción judicial.
En el ámbito porteño, también se destacó una caída del 28% en el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad, lo cual, según Miguens, “acentúa la crisis habitacional y expone aún más a las personas en situación de calle”.
“Este aumento de personas viviendo en la calle debe leerse en un contexto de retraimiento del Estado. Desde el CELS no dejaremos de señalar que hay vidas en juego, y que la desprotección es política”, concluyó Miguens.
