Un nuevo foco de controversia se instaló en el Congreso Nacional con la presentación de un proyecto de ley que apunta a desregular por completo el ejercicio de la actividad inmobiliaria en la Argentina. Impulsada por el diputado nacional libertario Alejandro Bongiovanni, la iniciativa bautizada como “Ley de libertad inmobiliaria” propone que cualquier persona pueda operar como corredor sin necesidad de contar con título universitario, matrícula habilitante ni inscripción en registros profesionales.
El proyecto, en línea con la doctrina desregulatoria del actual Gobierno, sostiene que la intermediación inmobiliaria debe “volver a ser una actividad comercial”. Entre sus puntos centrales, la ley busca:
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Eliminar la obligación de registración en colegios y cámaras inmobiliarias.
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Permitir operar en todo el país sin restricciones jurisdiccionales.
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Eliminar aranceles fijos o mínimos en comisiones.
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Transferir el control del ejercicio al mercado y la justicia ordinaria.
“Hoy los que venden son influencers”
En defensa de su propuesta, Bongiovanni cuestionó los “monopolios corporativos” de los colegios profesionales. “Las inmobiliarias hoy tienen vendedores que son influencers o personas con manejo de redes. Después termina firmando uno o dos martilleros. El negocio ya está horizontalizado”, aseguró.
Además, rechazó que estas entidades sirvan de resguardo ante estafas: “Ante una estafa, el que actúa es un juez, no un colegio. Y somos argentinos en toda la Argentina para vender propiedades”.
Rechazo contundente: advierten por fraude y pérdida de calidad
La reacción del sector inmobiliario no se hizo esperar. La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, calificó al proyecto como “una amenaza directa a la seguridad del consumidor”.
“Desregular no es modernizar, es desproteger. Vender una propiedad no es simplemente mostrar una casa, implica asumir una responsabilidad jurídica y técnica”, sostuvo.
Vieitez advirtió que la experiencia internacional demuestra que la eliminación de controles genera competencia desleal, fraudes y deterioro en la calidad del servicio. La CIA citó ejemplos:
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Estados Unidos: la falta de licencia generó fraude y caos en algunos estados.
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España: tras operar sin matrícula durante años, se registró una burbuja inmobiliaria y malas prácticas, que hoy intenta corregirse con mayor regulación.
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Portugal e Irlanda: la desregulación derivó en especulación y desplazamiento de residentes locales.
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Japón y Alemania: mantuvieron siempre registros, formación obligatoria y seguros, priorizando la estabilidad.
“¿Quién se hace responsable?”
Desde el interior del sector también se alzaron voces críticas. El martillero público Damián Cafarella alertó: “Si cualquiera puede vender una propiedad, hay mala praxis. ¿Quién responde? ¿El Estado?”.
Cafarella denunció presiones de lobbys inmobiliarios internacionales y franquicias y remarcó que “esto ya pasó en España, y terminó en juicios millonarios por operaciones mal hechas por brokers sin matrícula”.
Una disyuntiva clave para el futuro del mercado
El debate en torno a la “Ley de libertad inmobiliaria” trasciende lo técnico y pone en tensión dos principios centrales: la libertad de ejercer sin barreras frente al derecho a una intermediación segura, profesional y con garantías jurídicas.
En un país donde el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos, el Congreso tendrá en sus manos una discusión sensible que podría redefinir las reglas del mercado inmobiliario.
