Tras la denuncia del Gobierno, la Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.
“Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación. Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, indica el documento que compartió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales.
Al respecto, el portavoz agregó: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.
El fallo responde a la denuncia que presentó este lunes el Gobierno ante la Justicia federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como presunto objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados.
La presentación judicial fue realizada por el ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal Nº 12. En el escrito se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
Según la denuncia, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.
El canal de streaming Carnaval —donde se difundieron por primera vez las grabaciones, en el programa Data Clave— fue señalado como uno de los epicentros de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de “más de 50 minutos de audios” de Karina Milei y anticipó que serían difundidos de manera progresiva.
Desde el Gobierno apuntan también contra el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalado por sus presuntos vínculos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo. Todos ellos son mencionados como posibles partícipes de una red que, según la denuncia, busca “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.
En paralelo a la vía judicial, la Casa Rosada trabaja para determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y si el contenido fue editado con fines de manipulación política. (con información de NA)
