Un fallo del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata ordenó al Instituto José Manuel Estrada de City Bell garantizar la continuidad escolar de Renata y Benicio, hijos del arquero de Independiente Rodrigo Rey y su pareja María Laura Cáceres, luego de que la institución rechazara la renovación de sus matrículas para el ciclo lectivo 2025. La resolución tiene un fuerte impacto en materia de educación inclusiva y podría sentar precedente para familias con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Un caso de discriminación indirecta
En la sentencia, la Justicia resolvió “hacer lugar al amparo” promovido por la familia Rey y “condenar” a la Fundación José Manuel Estrada a garantizar la continuidad escolar de ambos niños hasta la finalización de sus ciclos educativos. Además, ordenó asegurar “una educación plena, integradora e inclusiva” para Benicio, atendiendo a sus particularidades, destrezas y capacidades.
El tribunal calificó lo ocurrido como un caso de discriminación indirecta, al considerar que la exclusión de los dos hermanos generó un impacto desproporcionado “por motivos de discapacidad”, y que la institución no logró justificar su decisión con una finalidad legítima.
El fallo también dispuso que el colegio realice ajustes razonables para la inclusión educativa del niño, así como capacitaciones obligatorias en discapacidad y derechos humanos para todo el personal, como garantía de no repetición.
El conflicto: rechazo de la matrícula y denuncia de discriminación
La situación se originó cuando Rey y su pareja fueron informados de que el colegio no renovaría la matrícula de sus hijos para 2025. La decisión impactaba especialmente en Benicio, diagnosticado con TEA, motivo por el cual la familia interpretó que existía un acto de discriminación y vulneración del derecho a la educación inclusiva.
En octubre de 2024, el futbolista y su esposa denunciaron públicamente que el Instituto José Manuel Estrada les había negado la escolaridad tanto al niño como a su hermana para el año siguiente. Tras meses de gestiones y reclamos administrativos sin respuesta favorable, la pareja presentó un amparo ante la Justicia, que finalmente les dio la razón.
Un precedente para otras familias
El fallo ordena que Renata y Benicio —de 15 y 8 años al inicio del conflicto— continúen sus estudios hasta finalizar sus trayectorias educativas: nivel secundario en el caso de la adolescente y primario y secundario para el niño.
La resolución judicial representa un avance para las familias con hijos con TEA, especialmente en un país donde, en numerosas jurisdicciones, persisten barreras en la inclusión escolar, falta de adaptaciones y decisiones institucionales que vulneran derechos básicos.
El caso Rey reabre la discusión sobre el deber de las instituciones educativas —públicas y privadas— de garantizar acceso, permanencia e inclusión plena, siguiendo el principio del Interés Superior del Niño, norma rectora en materia de derechos de infancia.
