La Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido para que la ex dirigente social Milagro Sala cumpla su condena por corrupción en una cárcel común, en lugar de continuar bajo el régimen de prisión domiciliaria, modalidad en la que se encuentra desde 2017.
Sala fue condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, delitos cometidos durante su conducción de la organización Tupac Amaru. Según la presentación oficial, la dirigente incumplió las condiciones impuestas por la Justicia, al modificar su lugar de residencia sin autorización judicial.
A través de un comunicado, el Gobierno argumentó que “Sala violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”. En ese marco, cuestionó que la ex dirigente haya calificado la actuación judicial como un acto de “hostigamiento”.
Para el área gubernamental, esa postura busca “invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”, en referencia a los reclamos presentados ante organismos internacionales.
El comunicado oficial remarcó además que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y calificó la intervención de la CIDH como “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”.
En otro tramo, el documento sostuvo que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.
Finalmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos reafirmó la posición del gobierno del presidente Javier Milei, al insistir en la necesidad de poner fin a los privilegios para personas con condenas firmes, independientemente de su relevancia política o social.
