Axel Kicillof se presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigirle al gobierno de Javier Milei que transfiera los $681.000 millones —más intereses y actualizaciones— que la ANSES le adeuda a la caja previsional de la Provincia de Buenos Aires. No es el único reclamo: Buenos Aires tiene abiertos siete juicios más contra el Estado nacional ante el máximo tribunal, por fondos que van desde el incentivo docente hasta los subsidios al transporte y la protección de bosques nativos.
El gobernador estuvo acompañado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, el ministro de Economía, Pablo López, el asesor general Santiago Pérez Teruel y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. La audiencia se realizó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte —es decir, no frente a los jueces del tribunal sino ante un funcionario de la Corte que actúa como mediador entre las partes— y tuvo como objetivo que el gobierno provincial y el nacional lleguen a un acuerdo sin necesidad de una sentencia.
Por el lado del gobierno nacional concurrieron el secretario legal y técnico de la ANSES, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica del organismo, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.
El origen del conflicto
La disputa arranca en marzo de 2024, cuando el decreto 280 de Milei suspendió los artículos de la ley de presupuesto que obligaban a la ANSES a transferir mensualmente fondos a las provincias que, como Buenos Aires, no cedieron su caja jubilatoria al sistema nacional. Desde ese momento, la Provincia denuncia que no recibió ningún pago. A eso se suman deudas que vienen de 2018.
El mecanismo funciona así: se calcula cuánto le correspondería cobrar a cada jubilado de la caja provincial si hubiera estado en el sistema nacional, y sobre esa base se liquidan adelantos a cuenta de una auditoría. El gobierno de Milei dice que esa auditoría todavía no está terminada.
La de hoy es la segunda audiencia del año. La primera se realizó el 17 de marzo, convocada a pedido de la Provincia luego de que la Corte aceptara intervenir en marzo de 2026. En ese primer encuentro se acordó que el IPS, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia y el Banco Provincia compartieran datos con la ANSES, y viceversa. Este martes, ambas partes debían exponer el estado de ese intercambio. La presencia del propio Kicillof busca darle peso político a un conflicto que, según la Provincia, lleva más de dos años sin respuesta del gobierno nacional.
Ocho juicios, miles de millones en disputa
La causa previsional es la más cuantiosa, pero no la única. La Provincia tiene en total ocho demandas activas ante la Corte Suprema contra el Estado nacional. Entre las más significativas: el reclamo por el Consenso Fiscal y el convenio financiero incumplido, que supera el billón de pesos; la impugnación del decreto que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (más de $88.800 millones); y el pedido por el incentivo docente, que ronda los $42.000 millones. También hay juicios por los subsidios al transporte automotor del interior, las compensaciones tarifarias del SUBE en el AMBA, obras gasíferas y el fondo de bosques nativos.
El Diario AR
