Los trabajadores estatales, docentes y judiciales de la provincia de Buenos Aires deberán atravesar otro mes sin una nueva recomposición salarial, aunque el escenario podría comenzar a modificarse a partir de la convocatoria a paritarias realizada por el Gobierno bonaerense para este jueves 24.
Desde hace varias semanas, los gremios reclaman retomar la discusión salarial general. La convocatoria llega luego de que el último acuerdo estableciera una mejora acumulada del 7%, con un 5% en julio y un 2% en agosto, en ambos casos calculados sobre los salarios correspondientes a junio.
El entendimiento contemplaba además una instancia de revisión durante septiembre. Sin embargo, el mes avanzó sin convocatoria y la liquidación de los haberes ya comenzó, por lo que una eventual recomposición acordada ahora no alcanzaría a impactar en los salarios correspondientes a este período.
Reclamos que se multiplican en distintos organismos
La ausencia de una negociación general no significó que desaparecieran los reclamos salariales. Por el contrario, distintos organismos y ministerios de la administración provincial atraviesan conflictos vinculados con adicionales, bonificaciones específicas y condiciones laborales.
En varios casos, los gremios comenzaron a recurrir a retenciones de tareas, movilizaciones y asambleas para sostener demandas que llevan meses e incluso años.
Uno de los focos está en el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), donde trabajadores nucleados en ATE realizaron una medida de fuerza y aguardan respuestas de las autoridades.
El reclamo está centrado en la apertura de una Mesa Técnica para discutir una Bonificación Sectorial, que, según plantean los trabajadores, permita reconocer las tareas específicas que desarrollan dentro del organismo.
El conflicto tomó forma a partir de asambleas y distintas acciones de visibilización que los trabajadores mantienen desde hace semanas. En su último comunicado, señalaron que durante esta semana tampoco habían sido convocados a paritarias y remarcaron que continúan sosteniendo las políticas públicas y el funcionamiento cotidiano del organismo mientras sus demandas salariales permanecen sin respuesta.
La asamblea resolvió realizar una retención de tareas y un almuerzo en el hall del organismo, además de presentar un petitorio ante la Dirección Ejecutiva para solicitar la apertura de la Mesa Técnica.
Infraestructura: reclamo por una bonificación específica
Otro de los frentes permanece abierto en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, donde el reclamo por una bonificación específica lleva meses y ya derivó en movilizaciones, retenciones de tareas y cortes de calle.
En las acciones participan ATE, UPCN y AEMOPBA, cuyos trabajadores volvieron a reclamar la apertura de una mesa de diálogo para discutir el adicional correspondiente al organismo.
El conflicto en Infraestructura no es nuevo. Los trabajadores protagonizaron distintas movilizaciones hacia el Ministerio de Economía y sostienen que los salarios de la administración pública provincial quedaron por debajo de las necesidades de los empleados.
Desde AEMOPBA, su secretaria adjunta Yanina Pelli cuestionó el esquema de paritarias y sostuvo que los trabajadores estatales atraviesan una situación salarial cada vez más compleja.
En este escenario, los reclamos sectoriales comenzaron a exceder la discusión sobre el porcentaje de aumento general. Los gremios buscan que la Provincia atienda las particularidades de determinados organismos y reconozca mediante adicionales tareas que, según sostienen, tienen características específicas.
Contaduría y Tesorería, otro punto de tensión
La Contaduría General y la Tesorería General constituyen otro de los puntos de conflicto dentro de la administración bonaerense.
Allí, los trabajadores nucleados en APOC profundizaron sus medidas de fuerza y llegaron a evaluar un paro general ante la falta de una nueva propuesta salarial.
El conflicto tiene una particularidad para la administración provincial, debido a que involucra a trabajadores que cumplen funciones dentro del circuito de pagos de la Provincia.
El origen del reclamo se remonta a 2023, cuando el Gobierno bonaerense acordó extender de 30 a 40 horas semanales la jornada laboral de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.
Según plantea APOC, ese incremento del 33,3% en la jornada laboral debía trasladarse en la misma proporción a dos bonificaciones remunerativas. Sin embargo, el gremio sostiene que la Provincia aplicó sobre esos adicionales una mejora del 9,9%.
La diferencia fue planteada por el sindicato desde junio de 2023 y volvió a cobrar fuerza más de tres años después.
Así, un conflicto originado en una modificación de la jornada laboral vuelve a formar parte del mapa de reclamos de los trabajadores bonaerenses, en un contexto marcado por la falta de una recomposición salarial general durante septiembre y por la convocatoria del Gobierno provincial a una nueva instancia de negociación este jueves.
