La Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer los resultados de una investigación iniciada de oficio a partir de distintos episodios denunciados en la provincia de Buenos Aires. El relevamiento puso el foco en fumigaciones realizadas cerca de escuelas del barrio Santa Rosa de Marcos Paz y de la localidad de Carlos Keen, partido de Luján.
A partir de los casos analizados, el organismo planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, control y protección sanitaria y ambiental frente a la exposición a agroquímicos, especialmente cuando se encuentran involucradas comunidades educativas.
Los episodios investigados
En Marcos Paz, en abril de 2023 se registró una fumigación en un predio lindero a una escuela primaria y un jardín de infantes, durante el horario escolar. El episodio generó olores intensos y preocupación entre docentes y estudiantes.
Durante la investigación, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires confirmó que la aplicación se había realizado dentro del perímetro de exclusión, sin receta agronómica ni la habilitación correspondiente. Como consecuencia, la empresa responsable fue sancionada.
En tanto, en Carlos Keen, vecinos, organizaciones sociales e instituciones educativas denunciaron durante 2024 situaciones que calificaron como reiteradas. Según lo informado, un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una biblioteca popular debieron suspender actividades debido a fumigaciones realizadas en las cercanías.
Un escenario de exposición potencial
Como parte de la investigación, la Defensoría solicitó información a distintos organismos provinciales y municipales.
La Universidad Nacional de Luján aportó un estudio que concluyó que la totalidad de las zonas urbanas del partido de Luján se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos fumigables, ubicando a Carlos Keen entre las localidades con mayor exposición potencial.
El organismo también señaló que no recibió respuesta de los Ministerios de Ambiente y de Salud de la provincia de Buenos Aires ni de la Municipalidad de Luján.
Para la Defensoría, esta falta de respuestas puso de manifiesto debilidades en la articulación entre los distintos niveles y organismos del Estado para abordar la problemática.
Las medidas solicitadas
A partir de los resultados de la investigación, la Defensoría resolvió exhortar a distintos organismos a implementar medidas concretas.
Al Ministerio de Ambiente de la provincia, solicitó:
- Implementar programas de monitoreo ambiental de agroquímicos en agua, suelo y aire en las cercanías de escuelas.
- Garantizar el acceso público a la información obtenida mediante esos monitoreos.
Al Ministerio de Salud provincial, recomendó:
- Realizar estudios epidemiológicos sobre poblaciones expuestas, con especial atención en niños, niñas, adolescentes y trabajadores rurales.
- Crear registros de intoxicaciones asociadas a la exposición a agroquímicos.
Al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, pidió:
- Fortalecer la fiscalización de las aplicaciones de agroquímicos.
- Revisar las distancias mínimas de resguardo, incorporando criterios científicos actualizados.
- Promover la producción agroecológica.
A la Municipalidad de Luján, solicitó:
- Reforzar el control local de las fumigaciones.
- Establecer protocolos de actuación inmediata ante episodios de deriva en las proximidades de establecimientos educativos.
A la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), planteó:
- Incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus monitoreos de agua y sedimentos.
Protección de las comunidades educativas
La Defensoría destacó que niños, niñas y las comunidades educativas constituyen grupos especialmente vulnerables frente a la exposición a agroquímicos.
En ese marco, el organismo remarcó la necesidad de avanzar en políticas públicas de prevención, monitoreo y protección sanitaria y ambiental que permitan fortalecer los controles y reducir los riesgos asociados a las fumigaciones en las proximidades de escuelas en todo el territorio bonaerense.
