José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de activos y el de Varianza S.A., la consultora que constituyó junto a su esposa en 2019. A través de dos recursos presentados por sus abogados ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, pidió que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución del 22 de octubre, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto tanto el embargo de $1.000 millones como la prohibición de salir del país.
En su descargo, el economista cuestionó duramente los fundamentos del juez y calificó la decisión como “contradictoria, sesgada, falta de prueba y de tintes políticos”. También sostuvo que el procesamiento se apoya en una hipótesis que, según su defensa, no logra acreditar el origen delictivo de los fondos ni demuestra que haya existido una maniobra de lavado.
“El fallo se contradice a sí mismo”, afirmó Espert, quien aseguró que la resolución reconoce que todavía no llegó la respuesta a un exhorto enviado a Estados Unidos para determinar la procedencia del dinero, pero aun así considera probado el delito.
El procesamiento está relacionado a una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 como anticipo de un supuesto contrato de consultoría. Según la hipótesis judicial, ese acuerdo habría sido simulado y la recepción y posterior utilización de los fondos habrían formado parte de una maniobra para darles apariencia lícita.
El economista rechazó esa interpretación y pidió que la Cámara analice la causa a partir de las pruebas incorporadas al expediente, sin recurrir a presunciones.
Los 200.000 dólares y la prueba que todavía espera el juzgado
Uno de los ejes de la apelación es la falta de respuesta de las autoridades estadounidenses sobre el origen del dinero. Espert remarcó que el propio juez dejó constancia de que el exhorto enviado hace un año todavía no había sido contestado. “Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, planteó.
En esa línea, cuestionó que la resolución considere acreditada una maniobra de lavado cuando, según su interpretación, no está probado el delito precedente del que supuestamente provendrían los fondos. También objetó que el fallo admita que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia podrían encuadrar en una cuestión impositiva, pero que esos elementos hayan sido utilizados para sostener el procesamiento por lavado de activos.
“Concede que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia resultarían compatibles con una cuestión impositiva, que es materia administrativa y nada tiene que ver con lavar dinero”, sostuvo. La defensa considera que esas contradicciones justifican que se revoque la medida. Como alternativa, solicitó que se dicte la falta de mérito hasta que se produzcan las pruebas que todavía faltan.
“Acá no hubo nada escondido”
Otro de los argumentos de Espert apunta a que las operaciones cuestionadas se realizaron mediante transferencias bancarias y quedaron registradas formalmente. “Lavar es dar apariencia lícita a dinero sucio, y para eso hace falta esconder. Acá no hubo nada escondido”, afirmó.
Para sostener su planteo, enumeró que el dinero ingresó mediante una transferencia internacional a una cuenta bancaria a su nombre; que uno de los vehículos fue adquirido en una concesionaria con factura y certificación contable, y que otro fue pagado mediante una transferencia bancaria.
También señaló que Varianza tenía domicilio en su propia vivienda y que los sueldos registrados por la sociedad fueron declarados ante el fisco. En particular, cuestionó que se considere al contrato de consultoría como una pantalla para encubrir el origen de los fondos. Según Espert, el propio fallo señala que ese documento no fue presentado ante bancos, registros u organismos públicos durante cinco años. “Un contrato que nadie usó para justificar nada no puede ser la pantalla de un lavado”, argumentó.
La defensa también puso el foco en la ausencia de un supuesto beneficiario de la maniobra. Espert sostuvo que el dinero permaneció en su cuenta, se utilizó a su nombre y no fue devuelto a quien lo había transferido. “Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”, concluyó sobre ese punto.
La relación con Fred Machado y el reproche de que debía conocer sus actividades
Espert también cuestionó que se le atribuya haber debido conocer que Federico Machado estaba involucrado en actividades ilícitas al momento de recibir los 200.000 dólares.
Según su planteo, el fallo utiliza conversaciones de abril de 2021 —quince meses después de la transferencia— para sostener que debía haber sospechado de su contraparte cuando se concretó la operación. “La teoría del juez necesita que el único obligado a saberlo, antes que todas ellas, fuera yo. Llamativo e injusto”, afirmó.
En ese tramo, mencionó a distintos organismos estatales que, según su argumento, habían tenido contacto con Machado sin advertir irregularidades, entre ellos la Armada Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Central, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Migraciones y ARCA.
Además, señaló que otras personas del ámbito empresarial, deportivo, político y público también habían tenido trato con Machado o utilizado sus aviones. El planteo busca cuestionar el elemento subjetivo de la imputación: es decir, si existen pruebas suficientes para sostener que Espert conocía el supuesto origen ilícito de los fondos cuando los recibió.
El procesamiento de Varianza y el embargo de $500 millones
La apelación también cuestiona el procesamiento de Varianza S.A., la consultora que Espert constituyó con su esposa en 2019.
El economista sostuvo que la empresa nunca facturó a Machado ni a sociedades vinculadas con él y que tampoco recibió dinero de la operación investigada. Según su descargo, la intervención que se le atribuye consiste en haber registrado salarios en sus libros contables y declarado esos pagos ante el fisco.
Espert destacó que el propio fallo calificó esa participación como “de escasa relevancia”, pero igualmente procesó a la sociedad y le impuso un embargo de $500 millones.
A su entender, existe una desproporción entre la intervención que se le atribuye a la empresa y el monto de la medida patrimonial.
Cuestionamientos a la prohibición de salir del país y al embargo millonario
Otro capítulo del recurso apunta contra las restricciones impuestas por el juez. Espert sostuvo que la resolución reconoce expresamente que no existen riesgos procesales, que compareció a las citaciones y que la prueba ya se encuentra reunida.
Sin embargo, cuestionó que, pese a esas consideraciones, se le haya prohibido salir del país sin establecer un plazo y se haya dispuesto un embargo de $1.000 millones. “Traba un embargo de mil millones de pesos sin un solo cálculo que explique cómo llega a esa cifra”, reprochó.
También señaló que, entre los tres procesados, los embargos ascienden a $2.200 millones por una operación que tiene como eje una transferencia de 200.000 dólares. Para el economista, las medidas son desproporcionadas y carecen de una justificación suficiente.
La acusación de una persecución política
El cuestionamiento más fuerte de Espert se dirige al tramo final de la resolución, donde el juez incorpora referencias al lavado de activos y a “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”.
El economista sostuvo que nunca fue indagado por esos hechos y que, según reconoce el propio fallo, se investigan en otra causa y ante otro juzgado. “Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente”, afirmó. Y agregó que esa referencia, a su entender, “revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”.
Espert también reiteró sus cuestionamientos a la actuación del fiscal y a la jurisdicción en la que tramita el expediente. Su defensa pidió que la investigación pase al juzgado que, según sostiene, investiga los mismos hechos desde 2021.
Qué le pidió Espert a la Cámara Federal de San Martín
En los recursos, la defensa solicitó que se revoque el procesamiento y se dicte el sobreseimiento, al considerar que los hechos atribuidos no configuran el delito de lavado de activos.
De manera subsidiaria, pidió la falta de mérito por entender que todavía falta producir prueba relevante para esclarecer el origen de los fondos. También reclamó que se levanten la prohibición de salida del país y los embargos.
Espert aseguró que compareció cada vez que fue citado, aportó la documentación que tenía disponible y ofreció nuevas medidas de prueba. “Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones”, sostuvo. Y cerró con un mensaje dirigido a la Cámara Federal de San Martín: “Confío en que esta vez sea diferente, porque alcanza con leer el fallo para advertir que no se sostiene”.
(Ambito)
