El Gobierno puso en marcha la reestructuración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para achicar el gasto reduciendo un 80% el sueldo de los cargos jerárquicos y recortando el presupuesto y el esquema organizativo.
La decisión, que había sido anticipada en la noche del lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue implementada mediante el Decreto 13/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Economía y de Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
A modo de adelanto, Adorni comunicó mediante su cuenta de X que “se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA”, señalando que “el Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que determina que desde hoy se reduce el sueldo del Director Ejecutivo y los directores generales en un 80%”.
Además, puntualizó que “se dispuso una reducción del presupuesto del ARCA destinado a la cuenta de jerarquización del 0,65% al 0,60%, generando un ahorro de 121.000 millones de pesos correspondientes a sueldos de funcionarios durante este 2025”.
En la misma línea, también precisó que “el Poder Ejecutivo instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción de la estructura inferior, estimando que ésta debe situarse en torno al 45%”.
La reducción de los salarios en el organismo equipara el sueldo del Director Ejecutivo con el de un ministro y el de los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), con la misma remuneración que los secretarios de Estado.
De esta manera se deja sin efecto la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, lo que permitía que se reparta entre los salarios de los trabajadores hasta el 0,65% de la recaudación, elevando considerablemente el sueldo. Ahora, el salario del titular de ARCA, Juan Pazo bajaría de $32 millones mensuales a $4 millones.
La reestructuración del organismo se da bajo el paraguas de la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y delegó en el Ejecutivo facultades de administración y emergencia.
En el texto oficial, se explicó que el objetivo de esa delegación es “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”.
(NA)
