El Gobierno nacional, a través de la Resolución 10/2025, implementó un nuevo ajuste que impacta directamente en el ámbito científico y universitario: como un intento de limitar convenios con organizaciones sociales, ordenó recortar investigaciones y programas científicos.
La intención es “pasar la motosierra” a aquellos proyectos que no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”. Se eliminarán programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”.
“Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”, explica la resolución.
“Que, en este sentido, corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico. Que las medidas que se adopten deberán realizarse procurando soluciones que reduzcan las contingencias presentes y futuras para el ESTADO NACIONAL y en definitiva de todos los argentinos, minimizando los riesgos y costos a su mínima expresión”, añade.
En este contexto, se aceptarán únicamente las que estén desarrolladas en un valor mayor al 30% de ejecución mientras que las restantes entrarán “en revisión” o se cerrarán.
Mediante el Decreto Bases Para la Reconstrucción de la Economía Argentina Nº 70 de fecha 20 de diciembre de 2023 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
