Un esquema de financiamiento partidario montado sobre el cobro de porcentajes salariales a funcionarios políticos de PAMI y Anses en diferentes provincias salpica a dirigentes de La Libertad Avanza, varios de los cuales ya fueron denunciados ante la Justicia Federal. Hay casos en Chaco, Misiones y Santa Cruz, con réplicas en La Pampa.
El escándalo en torno a los supuestos pedidos de aportes a funcionarios políticos de PAMI y Anses comenzó a escalar del plano político al judicial. Al menos así ocurrió en Chaco, donde un fiscal le pidió a la Justicia Federal que se abra un expediente para establecer la posible comisión del delito de extorsión en torno a «claros actos intimidatorios» que habrían perpetrado referentes libertarios para forzar la retención de parte del salario de integrantes de las oficinas locales de ambos organismos. Todo con el objetivo de financiar el funcionamiento partidario.
Este lunes, a primera hora de la mañana, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, le pidió a la jueza federal de ese distrito, Zunilda Niremperger, que se abra un expediente para investigar el capítulo provincial de la maniobra.
En su presentación, el fiscal pidió la producción de una serie de medidas de prueba que mantuvo bajo estricta reserva. También sostuvo que comenzó a trabajar a partir de una serie de informes publicados en canales de TV de Buenos Aires en los que se informaron supuestas maniobras de corrupción en las delegaciones locales de PAMI y Anses. «Mencionaron concretamente (que) la maniobra consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos eran conminados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones», según sostuvo el fiscal.
El funcionario sumó a su descripción que, de acuerdo a esas publicaciones periodísticas, había una orden de la conducción de La Libertad Avanza que indicaba que la contratación de personal para las delegaciones locales de ambos organismos nacionales debía ponderar a quienes aseguren que iban a responder al partido. Se trata, nada menos, que de un criterio conocido y aplicado a nivel nacional.
«En el caso del Chaco, refirieron que existía un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aportó por mes, mostrando en la oportunidad unas planillas que a simple vista muestran distintos nombres, períodos, montos y destinos del dinero«, agregó el fiscal. Y marcó que dichos pagos habrían sido efectuados por medio de transferencias bancarias destinadas a los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos.
Al tratarse de «sucesos que involucraban a organismos de carácter nacional, como su funcionamiento y también sus funcionarios», el fiscal le transmitió a la jueza federal que decidió encarar una investigación preliminar. Ahora, le pidió ir más allá y que se formalice la instrucción de una causa judicial, ya que entiende que esos comportamientos podrían ser analizados como la posible comisión del delito de extorsión.
A priori, el funcionario advirtió que «el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en el que se produjeron y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo».
Al cierre de esta nota, según pudo averiguar Tiempo, la jueza todavía no había tomado ninguna determinación en torno al planteo.
Qué ocurrió en Misiones
Mientras tanto, en Misiones parece haberse replicado el mismo esquema, y ya fue denunciado ante la Justicia Federal.
El dirigente agropecuario Samul Doichele, integrante de las filas del partido de Milei en esa provincia, presentó una denuncia penal contra Adrián Núñez. Se trata del titular de La Libertad Avanza, distrito Misiones, apuntado por ser el supuesto autor de una serie de pedidos dirigidos a funcionarios políticos de PAMI y Anses para que aporten el 10 por ciento de su sueldo con el objetivo de financiar la actividad del espacio.
La denuncia no solo fue dirigida a él, sino que también hay otras personas apuntadas como Samanta Steckler, vicepresidenta del partido. «Ellos son parte de la Junta Directiva. En las capturas de pantallas que presentamos como prueba figura cómo se comunicaban para esa movida», le dijo Doichele a Tiempo.
La presentación fue realizada el viernes pasado ante la Fiscalía Federal de Misiones, a cargo de Horacio Campitelli, que por estas horas analizaba el contenido para definir qué medida tomar.
La Justicia avanza en Santa Cruz
Por otra parte, en las últimas semanas Sergio Torres, un ex titular de la delegación Caleta Olivia de PAMI, presentó una denuncia en un Juzgado de Instrucción provincial contra el actual director del organismo en esa provincia, Jairo Guzmán. La acusación fue la misma: este representante libertario habría pedido de forma obligatoria un aporte del 10% del salario a empleados de la delegación y también a médicos asociados.
Según supo este medio, la denuncia fue presentada originalmente en la Justicia provincial, pero en los últimos días tomó intervención la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Ahí ya se dieron los primeros pasos. Entre ellos fue citado a declarar el autor de la denuncia, que estuvo días atrás ante la Fiscalía federal y prestó testimonio durante varias horas, al tiempo que aportó varias pruebas.
Entre ellas hay un chat en el que una auditora médica denunció el «destrato» por parte de las autoridades políticas en ese distrito. Según el texto al que accedió este medio, la mujer también se quejó de que «además me manden a sobornar pidiéndome un porcentaje de mi sueldo».
Qué ocurre en La Pampa
El espacio libertario de la provincia de La Pampa tampoco está exento de las polémicas en torno al cobro de porcentajes salariales destinados al financiamiento del partido.
Según pudo averiguar Tiempo en base a fuentes judiciales, en esa provincia no hubo una denuncia judicial, aunque en la Justicia Federal siguen con atención el cruce mediático entre distintos dirigentes del espacio ante la posibilidad de iniciar una actuación de oficio.
No obstante, en los últimos días uno de los principales referentes del espacio reconoció en un posteo en su cuenta de X que «se acordó entre seis funcionarios un aporte fijo» y que «ningún funcionario solicitó la devolución del dinero ni objetó el procedimiento». El autor de la publicación fue Julio Jamad, vocal del Consejo Ejecutivo provincial de La Libertad Avanza La Pampa, apuntado por la denuncia mediática.
Una de las cuestiones que plantearon desde la facción de militantes libertarios que lo apuntaron fue la utilización de una cuenta bancaria personal para la recepción de esos fondos. En su descargo en redes, Jamad lo admitió: «La cuenta bancaria personal fue utilizada de manera excepcional para registrar aportes voluntarios de un pequeño grupo de funcionarios que conocían perfectamente el destino de los fondos». Explicó que lo hizo ante el hecho de que «el presidente del partido (NdR: Luciano Ortíz) aún no inicia el trámite para abrir la cuenta oficial» del espacio.
La Plata
La excoordinadora contable Viviana Aguirre, del PAMI y actual diputada provincial suplente por La Libertad Avanza (LLA), denunció públicamente un presunto entramado de corrupción dentro del organismo estatal. Según su testimonio, le exigieron dinero a cambio de un cargo jerárquico y la forzaron a firmar documentos ilegales.
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Aguirre relató en diálogo con Radio 10 que fue obligada a renunciar a su puesto con la promesa de ser designada como directora de la Unidad de Gestión Local VII del PAMI. Sin embargo, dicha promesa venía acompañada de una condición: el pago de un retorno de un millón de pesos. La solicitud, según denunció, fue realizada por Juan Esteban Osaba, colaborador cercano de Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y dirigente de confianza de Karina Milei.
«Me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo: ‘Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno’», declaró Aguirre. Además, reveló que los pedidos de retornos eran un mecanismo extendido, que oscilaban «del 5% en adelante según el sueldo» y se acompañaban de solicitudes para firmar papeles con contenido ilegal.
(Con información de Tiempo Argentino / Radio 10 / Perfil)
