El proceso de cramdown que definirá el futuro de Vicentin dio un paso clave. El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, recibió el Análisis de Valuación elaborado por la consultora Marinozzi-Mazzitelli & Asociados (Russell Bedford Argentina), en el que se determinó que el patrimonio neto ajustado de la agroexportadora es negativo, con un déficit cercano a los u$s1.000 millones.
Este resultado implica que, en términos estrictamente financieros, las acciones de la compañía no tienen valor de mercado, un dato que condiciona la etapa final del rescate. En adelante, el atractivo de las ofertas dependerá más de la capacidad de conseguir adhesiones de los acreedores que de un desembolso económico por el paquete accionario.
Un diagnóstico que era esperado
Según fuentes cercanas al expediente, la valuación negativa «era lo esperado» dado el nivel de endeudamiento y el deterioro patrimonial acumulado desde el default de 2020. El informe, que cuenta con 22 fojas y fue elaborado por el contador Juan José López Forastier, socio gerente del estudio y perito designado por el juzgado, confirma que la deuda y los pasivos posconcursales superan ampliamente el valor de los activos.
De acuerdo con la documentación judicial, el valor de liquidación bruto de la compañía se estima entre u$s290,9 millones y u$s320,2 millones, pero una vez descontadas las deudas posteriores al concurso, unos u$s22,7 millones, impuestos y honorarios, el valor neto se reduce a unos u$s252 millones. Una cifra que, frente a un pasivo concursal de u$s1.130 millones, apenas cubriría el 22% de la deuda total.
El informe también calculó el flujo libre antes de deudas en u$s135,7 millones, lo que ratifica que el margen operativo no alcanza para revertir el rojo patrimonial.
Etapa de conformidades y plazos ajustados
Tras recibir la valuación, el juez Lorenzini abrió un plazo de cinco días hábiles para que los interesados y las partes del expediente presenten observaciones o impugnaciones. Si no se registran objeciones, el magistrado fijará el valor definitivo de las acciones, un dato clave para la presentación formal de propuestas.
En esta instancia, la ley permite que los oferentes actúen de manera independiente o en acuerdo conjunto para maximizar sus chances. Cada propuesta deberá obtener el apoyo de al menos el 50% de los acreedores, tanto en número como en capital, para ser aprobada.
El período de presentación de proyectos tendrá un máximo de 30 días, pero si un oferente consigue las conformidades necesarias antes, podrá adjudicarse el control de manera anticipada. Si ninguna propuesta alcanza las mayorías, el juez podría declarar la quiebra de la empresa.
Cinco empresas lograron superar el filtro inicial impuesto por el juez, que consistía en el depósito de $1.100 millones como garantía de seriedad y capacidad económica para participar en el rescate. Entre ellos figuran Bunge Argentina, Grassi y la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada (UAA), además de la propuesta conjunta presentada por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Con este paso cumplido, los oferentes se preparan para encarar la etapa decisiva, en la que deberán desplegar sus estrategias para conseguir el respaldo de los acreedores. En un escenario donde el precio de mercado dejó de ser el parámetro central, el foco se traslada por completo a la capacidad de tejer acuerdos y a la negociación política y financiera que determine quién se quedará con el control de la agroexportadora.
Lo cierto es que mientras avanza el proceso judicial, las plantas industriales de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone trabajan bajo el sistema de fasón (para terceros), pero con problemas técnicos. Según advirtió el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Daniel Succi, las instalaciones “no alcanzan a moler la cantidad suficiente ya que se rompen a cada rato”.
El gremio estima que el procesamiento de girasol está asegurado hasta octubre/noviembre y el de soja hasta febrero de 2026, aunque se necesitarán reparaciones integrales para sostener la actividad.
Lo que viene
Con el diagnóstico patrimonial sobre la mesa y un cronograma acotado, el juez Lorenzini busca cerrar la novela judicial antes de fin de año. El desenlace dependerá de quién logre la combinación ganadora de respaldo acreedor y plan operativo para sanear las cuentas y garantizar la continuidad de una empresa que supo ser emblema del agro argentino.
En el corto plazo, el valor de las acciones quedará definido por la Justicia y comenzará la carrera final entre los cuatro oferentes. Lo que está claro es que, con u$s1.000 millones de déficit patrimonial, el verdadero desafío será reconstruir la la compañía y reactivar la capacidad productiva, más que pagar por un activo que hoy vale menos que sus deudas.
(Ambito)
