En los últimos días de noviembre de 2024, luego de un cónclave celebrado entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron, se acordó la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV clase Gowind para Prefectura, en una operación que ronda los u$s2.000 millones.
A esas precisiones, tal y como informó Ámbito, se sumó otra que no cayó nada bien en la industria naval argentina: el encargado de construirlos será la fábrica francesa Naval Group, de capitales privados y con participación mayoritaria estatal. Sin embargo, la inestabilidad económica y financiera que aqueja a la Argentina, lo que quedó de manifiesto durante los meses preelectorales más allá del bloque discursivo oficialista, impidió que se avanzase en la operación.
Ahora, cuando todo parecía diluirse, en las últimas semanas, fue el propio Milei quien puso nuevamente el tema en agenda al mencionar ante la prensa extranjera que ya estaba tomada la decisión política de efectuar la compra. Cabe señalar que desde el hundimiento del Ara San Juan en noviembre de 2017, mientras realizaba tareas de inteligencia, la fuerza submarina argentina se encuentra inactiva.
No obstante, un elemento escapa al radar de la discusión pública: las numerosas denuncias internacionales por sobornos que tiene la mencionada empresa francesa desde fines del siglo XX hasta el presente. Más allá de los sucesivos cambios de nombre y los casos de corrupción en, por caso, Pakistán, Malasia y una llamativa filtración en India, las acusaciones incluyeron el contrato por cinco submarinos rubricado con Brasil en el marco del Lava Jato.
Las investigaciones, en la mayoría de los casos, apuntaron al rol de funcionarios públicos e intermediarios en los pagos de sobornos para obtener beneficios. Esas denuncias lograron que en 2017 la empresa francesa encabezara el Ranking de Corrupción Militar, de acuerdo con el Compendium of Arms Trade Corruption del Fletcher School (Tufts University), realizado para World Peace Foundation.
Cuando Ámbito consultó al Ministerio de Seguridad, en momentos en que aún era conducido por la hoy senadora Patricia Bullrich, sobre los motivos de la elección del astillero francés para, en su caso, la construcción de las lanchas, no obtuvo respuesta. Nada ha cambiado ya que quien la reemplazó, Alejandra Monteoliva, oficiaba como su lugarteniente. En el medio, se presentó una denuncia por licitación direccionada.Sobre la espalda de Bullrich pesa el informe, de noviembre de 2024, de la Auditoría General de la Nación, la cual cuestionó la compra, mediante contratación directa, de cuatro lanchas a Israel tanto por el sobreprecio como por la opacidad en el desarrollo de la operatoria.En esa línea, Argentina acaba de aprobar el financiamiento para comprar de manera directa cuatro helicópteros navales livianos por 71 millones de Euros, gracias a un préstamo de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, según informó el decreto 924, emitido el 26 de diciembre de 2025.
Cuadernos
Las denuncias de corrupción contra el mencionado astillero francés no comenzaron durante este centenio sino en el anterior. Ya en 1994, cuando Francia vendió tres submarinos a Pakistán, el fabricante estatal DCNS (hoy Naval Group) habría pagado 51 millones de euros en sobornos a los responsables políticos de ese país. A su vez, el astillero fue acusado de abonar 33 millones de euros a los intermediarios Ziad Takieddine y Abdul Rahman El-Assir, quienes a su vez son acusados de desviar los fondos hacia la fallida campaña presidencial de 1995 de Eduard Balladur en Francia.
Jean Guisnel, el principal especialista sobre el sistema de corrupción estatal que tiene a DCNS en el centro, lo describió como parte de “la naturaleza rutinaria y sistemática” de las prebendas. Por ejemplo, Guisnel contó y documentó que “entre 1991 y 2002, DCNS vendió barcos por un valor de 60.000 millones de francos (9.150 millones de euros), de los cuales entre un 8 y un 10 por ciento, es decir entre 732 y 915 millones de euros, se pagaron en Frais Commerciaux Exceptionelles (los FCE son gastos comerciales excepcionales). Estos pagos se destinaron a supuestos agentes y lobistas, quienes los redistribuyeron a sus beneficiarios finales. Se denominaba FCE a los pagos de comisiones, es decir, sobornos, que hasta la adhesión de Francia a la Convención de la OCDE contra la Corrupción en 1999 no solo eran legales, sino también deducibles de impuestos. Además, en algunos de los casos de la década de 1990, el pago de dichas comisiones se cargó a la agencia estatal francesa de exportación de armas, SOFRIMA, por lo que era una práctica habitual”.
Guisnel cuenta, en su libro “Armes de corruption massive”, que, durante un allanamiento que se produjo en 2008 en las oficinas de DCNS, se encontró un cuaderno de uno de los exdirectores financieros de la empresa, en el que se describe puntillosamente los procesos de comercialización y sobornos de los buques que fabricaba DCNS.
Ya en el siglo XXI, uno de los casos internacionales más resonantes se dio a raíz de la venta de submarinos a Malasia en 2002, que mucho después, en 2024, hizo que, en la propia Francia, la Fiscalía Nacional Financiera solicitara que Thales y DCNI (el ala internacional de DCNS), tres exejecutivos y un intermediario, sean llevados a juicio por sospecha de corrupción en la venta de submarinos.
Puntualmente, fueron acusados de sobornar al ministro de Defensa de Malasia, Najib Razak, para asegurarse de que eligiera la oferta francesa. De acuerdo con la documentación en poder de la Fiscalía, la empresa Terasasi, de escasa entidad y para la que no se encontró ningún trabajo de consultoría durante los registros de Thales y DCNI, habría servido como vehículo legal para realizar sobornos. Es más, un exfuncionario de la DCNI admitió durante la investigación que Terasasi era una empresa fantasma utilizada para evitar contratos directos con Abdul Razak Baginda, que habría oficiado como intermediario. Según el fiscal, esto se hizo para mantener la apariencia de cumplimiento de las normas anticorrupción.
En 2016, DCNS fue objeto de críticas por la filtración de un conjunto de planos e información sobre la capacidad de combate y sigilo de los seis submarinos Scorpene de la India. Los planos fueron presuntamente robados por un exoficial naval francés que trabajaba bajo contrato para DCNS.
Fue en 2017, cuando Francia, ante los daños que sufría la imagen de la fábrica naval, comunicó que el astillero naval DCNS, cuya empresa es en un 62% propiedad del Estado galo y en un 35% del grupo francés de electrónica de defensa Thales SA, pasaba a denominarse Naval Group. Los nombres anteriores de DCNS incluyen DCN y Direction des Constructions Navales.
Antecedentes
En 2017, se supo que fiscales franceses investigaban si DCNS había pagado un soborno como parte de un acuerdo de 2008 para vender cinco submarinos por un valor de 7500 millones de dólares a Brasil. Según informó en esa ocasión Le Palrisien, la investigación, iniciada en octubre de 2016, se refería a una posible «corrupción de funcionarios extranjeros» y estaba enmarcada dentro del Lava Jato, caso paradigmático de sobornos que involucró a cientos de políticos y figuras públicas de ese país.
Sin embargo, la cercanía geográfica y temporal no queda ahí, ya que hubo un caso controvertido durante la gestión de Bullrich en Seguridad con Mauricio Macri en la Casa Rosada. En esa oportunidad, tal y como informó Ámbito en marzo de 2025, Bullrich avanzó, mediante contratación directa en el marco de la emergencia en seguridad, en la compra de cuatro lanchas OPV solo que esta vez al Astillero Israel SHIPYARDS por 49 millones de dólares. Sobre ese procedimiento, y otro, puso su lupa la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe de noviembre de 2024.
De acuerdo con la AGN, según el estudio comparativo que llevó a cabo el Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA, se abonó 138% más que las mejores ofertas que se podían encontrar en el mercado por lanchas similares. Fue más allá aún: “Se verificó que la adquisición de 4 Lanchas Shaldag por un monto de USD 49.000.000 al Astillero Israel SHIPYARDS Ltd., por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, se apartó de la normativa de contratación aplicable”.
Finalmente, el informe concluye: “Se comprobó que las diversas irregularidades detectadas en materia de razonabilidad y transparencia y, el incumplimiento de la normativa aplicable, impiden evaluar la pertinencia del gasto efectuado”.
A este antecedente se sumó una denuncia penal presentada por el ingeniero naval Raúl Podetti, en la cual señala que en el caso de las lanchas OPV se direccionó la licitación hacia el mencionado Naval Group, que trabajará, de acuerdo con fuentes oficiales, junto con el astillero marplatense SPI. Especialistas marcan que este no tendría la capacidad física para desarrollarlos. (Ambito)
