El fiscal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Marijuan considera que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas.
La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.
El fiscal mencionó que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas».
Marijuan consideró que el legislador “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación». Destacó: » Por el contrario, los elementos mencionados nos muestran que nos hallamos frente a un experto en la materia».
El fiscal indicó que “las pruebas reunidas en el sumario hasta el momento permiten sospechar que encontrándose obligado a presentar declaraciones juradas patrimoniales en función de los cargos que desempeñó en Defensa, Adorni insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir en, al menos, sus Declaraciones Juradas Anual 2024 y Baja 2025, con la finalidad de falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control realizado a partir de aquellas declaraciones».
Marijuan consideró que “existe un cuadro de sospecha de que el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando los montos sobre los que se encontraba obligado a declarar con veracidad respecto de su patrimonio».
Las claves de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni
En el marco de la misma causa, la semana pasada Marijuan había pedido la última declaración jurada que presentó Francisco Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una presentación realizada en mayo pasado.
Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior, presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.
La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Tres semanas atrás, la investigación sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. En ese contexto, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación vinculada a los cargos ocupados por Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos durante ese período.
Durante ese procedimiento también se requirió información sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario en los distintos puestos que ocupó dentro de la administración pública.
La documentación incorporada al expediente incluye pedidos de información sobre su historial salarial, eventuales retenciones y actos administrativos relacionados con sus nombramientos. Marijuan había considerado “indispensable” contar con esos datos para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
La investigación se enfoca especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñar funciones en el Poder Ejecutivo nacional. En el dictamen que impulsó la causa, el fiscal sostuvo que el objetivo es determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” durante esos años.
Como parte de las medidas de prueba, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La decisión permitió avanzar sobre información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.
Además, la fiscalía libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Los requerimientos incluyeron información sobre declaraciones juradas, pagos de impuestos, bienes registrables, regímenes de facturación, operaciones económicas y eventuales sanciones. También se solicitaron datos sobre automotores, inmuebles y la situación tributaria asociada a esos bienes.
La investigación alcanzó además al Banco Central, al que se le pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Asimismo, Migraciones recibió un requerimiento para informar los viajes realizados por Adorni al exterior, sus destinos y, en caso de traslados terrestres, las personas que lo acompañaron.
La declaración jurada rectificativa presentada en mayo había introducido cambios significativos respecto de la versión original correspondiente a 2025. En aquella oportunidad, Adorni incorporó una herencia por $21 millones y modificó el detalle de sus deudas.
Inicialmente había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al comienzo del año y un pasivo de $57 millones al cierre del período. Sin embargo, en la rectificación posterior sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, mientras que el monto final permaneció en $57 millones. De ese modo, dejó de figurar un desendeudamiento de $73 millones y pasó a registrarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.
Esa misma presentación consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones declarados al inicio del año.
La documentación también reflejó modificaciones en los bienes declarados por el funcionario. Durante 2025 dejó de informar una camioneta Chery Tiggo y pasó a declarar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Asimismo, mantuvo la declaración correspondiente al 50% de una vivienda en City Bell.
Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete. (TN)
