El gasto de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) con Javier Milei se encuentra en los niveles más bajos del milenio, lo que explica el estado de abandono de las rutas nacionales. El Gobierno recaudó $ 1,4 billones en impuestos con destino específico para el arreglo de los caminos, pero los tiene separados para maquillar el superávit fiscal.
La inversión devengada por Vialidad durante esta gestión es el más bajo desde 2002, momento de plena crisis institucional del país. En 2025 cayó 71,5% contra dos años atrás. Por lo tanto, la cantidad de kilómetros que puede mantener la DNV por provincia se hundió: pasó de 30.669 en 2023, que implicaba un 70% de la red vial nacional, a 9.494, tan sólo un cuarto del total. Por ahora, 2026 aparenta que se ubicará por debajo del peor registro, siempre de acuerdo al análisis del Instituto Argentina Grande.
Las provincias donde más cayó el mantenimiento son Misiones, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires. La cantidad de kilómetros que se pueden mantener con lo gastado solamente aumentó en San Juan y en Jujuy.
Este medio destapó que el ministro de Economía, Luis Caputo, acumula cerca de $ 1,4 billones recaudados del impuesto a los combustibles líquidos para mejorar el sistema vial que no ejecuta. Mientras viola la ley que le da una asignación específica a este monto, el Gobierno privatiza los caminos para que se aumenten y creen nuevos peajes. Mantener anualmente un kilómetro puede costar entre US$ 15 mil y US$ 40 mil, mientras que reconstruirlo puede llegar a elevarse hasta US$ 3,5 millones.
Por este desfalco, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al funcionario además de al director de Vialidad y al presidente del Banco Nación ante el Juzgado Federal 2 de La Plata por malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Esta semana, se presentó en ese expediente la provincia de La Rioja para ser querellante. El gobernador Ricardo Quintela avanzó con la presentación judicial por el desvío de recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) hacia colocaciones financieras, en lugar de aplicarlos a obras y mantenimiento de la red vial nacional.
El pedido radica en que sufre un perjuicio concreto provocado por la paralización de obras estratégicas y el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan su territorio. En 2023 se habían mantenido 1.900 kilómetros de caminos nacionales en La Rioja, mientras que el año pasado los trabajos los limitaron a sólo 260 kilómetros. “Son servicios que presta el Estado con los fondos que aporta el pueblo argentino. Ellos siguen cobrando impuestos pero el Estado no hace nada. Entonces, ¿qué pagamos con los impuestos? Ahí está el centro del problema, que tiene una raíz delictiva. Debe responder penalmente y devolverle a las provincias todo el dinero que le retuvieron. A nosotros además no nos entregan US$ 1.500 millones que son de La Rioja”, se preguntó Jorge Yoma, abogado patrocinante del gobernador Quintela.
“¿Para qué traen acá los proyectos de RIGI y Súper RIGI si después no pueden hacer un kilómetro de asfalto?”, se preguntó la diputada nacional Marina Salzmann en la sesión de la Cámara esta semana. “¿Cuántas veces más vamos a pagar los argentinos por rutas en malas condiciones? Pagamos el impuesto a los combustibles, vamos a pagar cuando concesionen con el peaje y vamos a pagar cuando las provincias tomen la responsabilidad de las rutas. Tres veces por la misma ruta”. Además, destacó que cuando asumió Milei había obras viales al 80% o más que quedaron frenadas desde 2023. “Son el colmo de la ineficiencia”, remató en el recinto. La legisladora del Frente Renovador encabeza un pedido para que el ministro Caputo dé explicaciones en el Congreso por el dinero recaudado por el fondo y no gastado en lo que está obligado.
Consultado, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, explicó que sostienen que “el impuesto a los combustibles líquidos, que parcialmente van a un fondo fiduciario específico y que por ley tienen que ser aplicados parcialmente a obras de rutas nacionales y obras hídricas, tiene que aplicarse a su fin específico”. “Hoy se aplica muy parcialmente, mientras que el grueso el Gobierno no lo está aplicando”, detalló. (Perfil)
