IOMA sumó este jueves un nuevo frente de conflicto en un escenario ya atravesado por reclamos de afiliados, amparos judiciales y cuestionamientos por los tiempos de autorización y pago. El Sindicato de Acompañantes Terapéuticos (SAT) anunció un paro de actividades por tiempo indeterminado hasta que se acrediten honorarios que denuncia como adeudados por IOMA y por IOSFA, mientras familias advierten que las demoras comienzan a poner en riesgo la continuidad de tratamientos.
La medida agrega una dimensión laboral a una discusión que hasta ahora venía concentrándose principalmente en los usuarios de la obra social bonaerense. El SAT sostuvo que los atrasos se extienden desde hace meses y aseguró que numerosos profesionales continuaron prestando servicios pese a no recibir sus honorarios. “Sin sueldo, no hay acompañante. Sin honorarios al día, no hay posibilidad de sostener la prestación”, resumió el gremio al comunicar el paro.
La organización está conducida por Marisa Herrera y nació en territorio bonaerense, aunque posteriormente extendió su organización mediante delegaciones. Los conflictos por los tiempos de cobro tampoco son nuevos: ya en 2025 el sindicato denunciaba compañeros con varios meses de atraso y reclamaba una regulación específica de la actividad.
El paro actual, sin embargo, no apunta exclusivamente contra IOMA. El comunicado identifica también a IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como responsable de pagos demorados. Para el caso bonaerense, la importancia del reclamo aparece por su impacto potencial sobre prestaciones vinculadas especialmente con discapacidad, salud mental y procesos terapéuticos que requieren continuidad.
Cuando el atraso del prestador llega al tratamiento
El otro extremo del conflicto aparece en las familias. Una afiliada cuyo hijo tiene diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo relató esta semana que los profesionales que lo atienden no cobran desde abril y que teme que abandonen las terapias si la situación no se regulariza.
El caso lleva años judicializado. La mujer inició un amparo en 2011 y volvió a recurrir a la Justicia en 2022 para incorporar acompañantes terapéuticos. Según su relato, pese a contar con autorizaciones, los atrasos en los pagos fueron recurrentes y durante este año debió realizar gestiones mensuales para intentar destrabar los honorarios.
La situación sumó otro elemento a comienzos de septiembre. Mediante la Resolución 2047/2026, el Directorio de IOMA ordenó revisar y unificar las autorizaciones y los valores de las prestaciones individuales conforme a sus nomencladores. La medida habilita a relevar y, cuando corresponda, anular, revocar, modificar o sustituir autorizaciones cualquiera sea su origen, incluidos trámites de excepción, reintegros y requerimientos judiciales, y rige con efecto desde el 1° de septiembre.
IOMA justificó esa revisión por la dispersión de valores y por su impacto presupuestario y financiero. Para las familias afectadas, en cambio, el temor es que una reducción en los montos reconocidos vuelva inviable la continuidad de profesionales que ya cuestionan los tiempos y valores de cobro.
El Instituto mantiene formalmente una vía específica para acompañantes terapéuticos y recibe mensualmente su facturación en las delegaciones. Su normativa también contempla distintos tratamientos de rehabilitación y prestaciones vinculadas con discapacidad mediante mecanismos de autorización y auditoría.
Un pedido de intervención que suma reclamos
El paro aparece además mientras otro grupo de afiliados busca elevar el conflicto a una instancia institucional más profunda. Usuarios de distintos municipios lanzaron una campaña para solicitar la intervención de IOMA por problemas que, según denuncian, alcanzan medicamentos, estudios, traslados, internaciones, prestaciones de discapacidad y tratamientos.
La iniciativa incluye un petitorio de doce puntos y tiene prevista una jornada de recolección de firmas el próximo 25 de septiembre frente a la sede central del Instituto, en La Plata. Los convocantes también reclaman el cumplimiento de medidas cautelares y cuestionan diferencias entre valores fijados judicialmente y montos reconocidos posteriormente por la obra social.
El planteo no parte solamente de prestadores sin cobrar. En las últimas semanas se conocieron reclamos de pacientes oncológicos, familias vinculadas con discapacidad y afiliados que denunciaron dificultades para conseguir medicamentos, autorizaciones o continuidad de centros y profesionales.
Al mismo tiempo, IOMA enfrenta un crecimiento de la utilización efectiva de su cobertura. Un estudio difundido este mes detectó que 7.533 afiliados comenzaron a canalizar por el Instituto prestaciones que anteriormente resolvían mediante PAMI, prepagas u otras obras sociales. Durante el primer trimestre de 2026, la demanda de servicios médicos y medicamentos aumentó 10%.
La Provincia sostiene que parte de esa presión responde al deterioro económico y a la retracción de otras coberturas. Según datos difundidos por autoridades bonaerenses, las consultas y prácticas aumentaron 37% y el consumo de medicamentos de alto costo creció 30%, con un impacto adicional estimado en alrededor de $6.000 millones mensuales para IOMA.
Ese diagnóstico explica una parte del cuadro, pero no desactiva los reclamos dirigidos específicamente a la administración del Instituto. Los cuestionamientos de afiliados y prestadores apuntan también a tiempos de pago, autorizaciones, convenios, valores reconocidos y cumplimiento de decisiones judiciales.
Más demanda y una disputa por quién absorbe el costo
La tensión deja a IOMA entre dos presiones simultáneas. Por un lado, debe absorber una utilización creciente en un sistema sanitario donde más personas recurren a coberturas públicas o provinciales. Por otro, prestadores y familias reclaman que esa mayor demanda no se traduzca en atrasos que terminen afectando la continuidad de las prestaciones.
El conflicto de los acompañantes terapéuticos muestra con especial claridad ese cruce. Para la obra social, los valores, autorizaciones y auditorías forman parte del control de un sistema con impacto presupuestario. Para quienes trabajan como prestadores, meses sin percibir honorarios vuelven difícil sostener traslados, monotributo, seguros y capacitación. Y para las familias, cuando el profesional deja de cobrar, la discusión financiera puede terminar convertida en una interrupción terapéutica.
El SAT sostuvo que no busca abandonar a las personas acompañadas y pidió comprensión a las familias, pero afirmó que mantendrá la medida hasta que se regularicen los pagos. El gremio ya había denunciado en 2025 atrasos de varios meses y reclamado reglas que garanticen honorarios y plazos de cobro.
Mientras tanto, el reclamo de los afiliados tiene una próxima fecha concreta: el 25 de septiembre, cuando los convocantes buscarán reunir firmas frente a la sede central de IOMA para formalizar el pedido de intervención de la obra social. (Grupo La Provincia)
