La justicia de La Pampa ordenó que la madre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre pasado en Santa Rosa, y su pareja sean sometidas a nuevos peritajes psicológicos y psiquiátricos para determinar, entre otras cuestiones, si existían antecedentes de violencia familiar tanto en las acusadas como en la relación de éstas con la víctima.
Así lo resolvió el juez de Control durante la feria, Néstor Daniel Ralli, quien hizo lugar a un pedido del abogado querellante, José Mario Aguerrido, y ordenó que la diligencia se lleve a cabo el 4 de febrero de 2022.
En una resolución de dos hojas, el magistrado aceptó todos los puntos de la ampliación de las pericias solicitada que abarcan, entre otras cuestiones, el análisis de la historia personal de cada una de las imputadas, Magdalena Espósito Valenti (24) -madre de Lucio- y la pareja de ésta, Abigail Páez (27).
Los peritos también buscarán referencias en cuanto a la posible existencia de sensaciones de odio y de rechazo a la maternidad en las imputadas, la violencia como modo de vinculación, la relación de cada una de ellas con la figura masculina, qué significaba Lucio en sus vidas, cómo era la rutina de los tres, qué les molestaba o enojaba del comportamiento del niño, las características del vínculo entre ellas como pareja y con el nene, y si surgen elementos que refieran rechazo u odio de parte de ellas hacia el sexo masculino.
En el fallo el juez resolvió que los estudios estén a cargo de cuatro peritos oficiales: los médicos psiquiatras Martín Telleriarte y Camilo Muñoz, y las licenciadas en Psicología Laura Cabot y Virginia Carretero.
Estos profesionales se trasladarán al Complejo Penitenciario 1 de San Luis, donde se encuentran detenidas las dos imputadas.
Lucio fue asesinado a golpes el 26 de noviembre último y por el hecho fueron detenidas su madre y la pareja de la mujer.
Tras su muerte se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Por tal motivo se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.