El primer semestre de la era Milei terminó con un aumento de tarifas de entre el 229 y el 1208 por ciento dependiendo del servicio público que se mida. A esto se le suma que en agosto entran en vigencia nuevas subas en transporte público, luz y gas. ¿Hará algo la Justicia?
En este escenario, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) denunció que se está cumpliendo la teoría de la «pobreza energética». El concepto surgió en el Reino Unido, durante el gobierno de Margaret Thatcher (a quien Milei admira). En síntesis, lo que propone es que una familia no debe destinar más del 20 por ciento de sus ingresos a pagar las tarifas de los servicios públicos.
El titular de la ADDUC y abogado, Osvaldo Bassano, denunció que en Argentina ese porcentaje ya supera los 30 puntos. «Solamente de luz y gas sobrepasan el 35 por ciento del ingreso«, denunció. Vale recordar que el ingreso medio oscila entre los 600 y 800 mil pesos, pero hay salarios que rondan los 200 mil pesos.
Con esos valores sobre la mesa, la ADDUC estimó que entre un 58 y un 60 por ciento de la población está destinando casi el 30 por ciento de sus ingresos a pagar los servicios públicos. Paralelamente, un instituto dependiente del CONICET y la UBA calculó que en julio el gasto para los hogares del AMBA superó los 142 mil pesos. Bassano describió este panorama como «un escándalo». «Los consumidores están pasando por una situación terrible y más aquellos que tienen bajos ingresos», remarcó.
El rol de la Justicia
Además de criticar al gobierno nacional por avalar los aumentos, el abogado de la ADDUC cargó las tintas contra el Poder Judicial. Según le dijo a Gente Despierta, «hay una epidemia judicial» que le da luz verde a la política de tarifazos al no resolver las demandas colectivas ni los recursos de amparo.
Para Bassano esto responde al «macri-mileísmo» que los magistrados «han interpretado». « Están todos de acuerdo que no hay que tocar las facturas«, lamentó. (Infocielo)
